Contraloría de Bogotá emite fallo por más de $30.000 millones en La Universidad Distrital
La decisión se da después de detectar fallas graves en control y contabilidad entre 2012 y 2019.
La Contraloría de Bogotá confirmó un fallo fiscal por más de $30 mil millones por el manejo irregular de recursos públicos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
La investigación evidenció que durante varios años, especialmente en 2012 y 2019, se administraron recursos públicos sin controles adecuados, donde el dinero no quedó registrado oficialmente en los sistemas contables, lo que impide hacer seguimiento claro a su uso.
Uno de los hallazgos más graves fue el uso de una cuenta similar a una “caja menor”. Este tipo de cuenta suele utilizarse para gastos pequeños y urgentes, pero en este caso se habría usado para manejar grandes sumas de dinero sin los debidos controles. Esto significa que no había registros claros, soportes completos ni trazabilidad, es decir, no se puede reconstruir con precisión en qué se gastó cada peso.
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Los recursos provenían principalmente de contratos y convenios firmados por la universidad con otras entidades públicas. Sin embargo, al no existir registros contables adecuados ni mecanismos de seguimiento, se perdió la posibilidad de verificar su destino final.
Como consecuencia, la Contraloría determinó un detrimento patrimonial, un concepto que se refiere a la pérdida o uso indebido de dinero público. En este caso, la cifra supera el monto de $30.127 millones.
Además, el organismo de control encontró fallas en los mecanismos de control interno, que son los sistemas y procesos que deben tener las entidades para vigilar el uso correcto de los recursos. La ausencia o debilidad de estos controles permitió que las irregularidades se mantuvieran durante varios años sin ser detectadas a tiempo.
Por estos hechos, se declaró la responsabilidad fiscal de varios funcionarios y exfuncionarios. Esto significa que deberán responder con su patrimonio personal para devolver el dinero perdido. La decisión se basa en conductas calificadas como dolo (cuando hay intención de cometer la irregularidad) o culpa grave (cuando hay negligencia evidente).
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El contralor de Bogotá señaló en el comunicado que “La Contraloría de Bogotá seguirá vigilando el uso de los recursos públicos y actuando cuando sea necesario para proteger el patrimonio de la ciudad”.
