Sindicatos alertan riesgo para casi 6 millones de usuarios tras anuncio de liquidación de EPS
En juego la atención de 6 millones de afiliados y el empleo de más de 6.100 trabajadores.
La decisión del presidente Gustavo Petro de avanzar hacia la liquidación de EPS en crisis abre un escenario crítico para el sistema de salud colombiano, con efectos que podrían impactar simultáneamente la atención de millones de pacientes, la estabilidad laboral de miles de trabajadores y el funcionamiento del modelo en varias regiones del país.
En juego está la atención de cerca de 6 millones de afiliados y el empleo de más de 6.100 trabajadores vinculados a entidades como Famisanar, Emssanar y Asmet Salud, según advirtieron organizaciones sindicales tras el anuncio del Gobierno. Se trata de un volumen significativo de usuarios que, en muchos casos, se encuentran en territorios donde no existe una alternativa inmediata de atención.
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Usuarios en riesgo y presión sobre el sistema de salud
Las cifras reflejan la dimensión del impacto: Famisanar concentra más de 2,5 millones de afiliados, Emssanar cerca de 1,6 millones y Asmet Salud supera los 1,5 millones. En conjunto, estas entidades cubren cerca de 6 millones de personas distribuidas en al menos 15 departamentos del país.
Para los sindicatos, el principal riesgo está en la forma en que se materializaría una eventual liquidación. Advierten que trasladar a millones de usuarios sin un plan técnico, estructurado y previamente definido no solo no resolvería los problemas del sistema, sino que podría profundizarlos, especialmente en regiones donde la red de prestación ya enfrenta limitaciones.
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Además del volumen de pacientes, preocupa la capacidad real del sistema para absorber una redistribución de esta magnitud sin afectar la continuidad de tratamientos, la oportunidad en la atención, el resguardo de sus historial medico y la operación de los servicios de salud.
Empleo, territorios y un escenario incierto
El impacto también se extiende al ámbito laboral. Más de 6.100 trabajadores dependen de estas EPS, muchos de ellos en regiones donde las oportunidades de empleo formal son limitadas. Las organizaciones advierten que una liquidación sin garantías podría afectar la estabilidad de miles de familias y generar efectos sociales adicionales en los territorios.
A esto se suma el contexto regional en el que operan estas entidades, con presencia en zonas del suroccidente, el Eje Cafetero, la Amazonía, la Costa Caribe y el centro del país. En varios de estos territorios, el sistema de salud ya enfrenta presiones estructurales, financieras, lo que incrementa la incertidumbre frente a una posible transición masiva de usuarios.
Frente a este panorama, los sindicatos piden al Gobierno evaluar alternativas antes de avanzar en liquidaciones, incluyendo procesos de reestructuración financiera, capitalización y pago de cartera. También solicitaron la apertura de una mesa técnica de alto nivel y un debate en el Congreso que permita analizar el alcance real de estas decisiones.
El escenario que se configura no solo redefine el futuro de varias EPS, sino que pone a prueba la capacidad del sistema de salud para responder sin interrupciones a una eventual redistribución masiva de pacientes, en un momento de alta presión institucional y operativa.
