Minjusticia pide a Procuraduría arrancar investigaciones por inundaciones en Córdoba
En el documento se señala que se debe indagar si existe una eventual responsabilidad de los funcionarios de la hidroeléctrica Urrá.
Minjusticia pide a Procuraduría arrancar investigaciones por inundaciones en Córdoba (imágenes de archivo)
La emergencia por las inundaciones en el departamento de Córdoba abrió un frente disciplinario. El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, solicitó al procurador general, Gregorio Eljach, activar el ejercicio del poder disciplinario preferente para esclarecer las causas y eventuales responsabilidades relacionadas con lo ocurrido en la cuenca del río Sinú.
En la comunicación, conocida por este medio, Idárraga advierte sobre “la grave tragedia ocasionada por las inundaciones registradas en el departamento de Córdoba, a lo largo de la cuenca del río Sinú”, y subraya que se trata de hechos “de público conocimiento para el país”, por los impactos humanos, sociales, ambientales y económicos que han generado en la región.
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Se piden investigaciones para conocer el estado de riesgo
El ministro pidió que, en el marco de las competencias de la Procuraduría General de la Nación, se adelanten las investigaciones necesarias para establecer “el estado del análisis específico de riesgo y de los planes de contingencia” que deben realizar las entidades públicas o privadas encargadas de ejecutar obras civiles mayores que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad.
La solicitud incluye la verificación de “eventuales responsabilidades, tanto de la junta directiva como del operador técnico, y/o de quienes resulten presuntamente responsables”, de acuerdo con los hallazgos técnicos, administrativos y disciplinarios que se obtengan durante el proceso.
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Se impondrán sanciones
En el documento también se plantea la necesidad de adoptar “las medidas preventivas, correctivas y sancionatorias mediante el poder preferente que la Carta Magna le otorga a la PGN”, con el fin de garantizar “la protección de la vida, los derechos de las comunidades afectadas y la no repetición de hechos similares en otras obras públicas”.
Asimismo, Idárraga señala que la solicitud se realiza “sin perjuicio de las competencias constitucionales y legales” de la Procuraduría y manifiesta que, para asegurar “una respuesta institucional articulada, transparente y eficaz”, el Ministerio de Justicia cuenta con “la absoluta disposición y apoyo de esta cartera ministerial” para el desarrollo de las actuaciones correspondientes.
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