Santander participa hoy en mesa con MinHacienda por alza del impuesto a los licores
“No se puede, vía decreto, quitarle recursos a los departamentos”, expresó el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.

Gobernador de Santander, Juvenal Díaz
01:29
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Este lunes 19 de enero, el departamento de Santander participa en la mesa de trabajo convocada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
La idea es revisar los efectos del Decreto 1474 de 2025, que incrementó el IVA a los licores del 5 % al 19 % en el marco de la emergencia económica.
Contexto: Gobernadores buscan “tumbar” alza de impuestos al tabaco y los licores
En la mesa van a participar varios gobernadores del país, entre ellos el gobernador de Santander, Juvenal Díaz.
Díaz ha manifestado su preocupación por el impacto que esta medida tendría sobre los ingresos de los departamentos.
Siga leyendo: Santander se suma a gobernadores que rechazan alza de impuestos a licores por emergencia económica
El Gobierno Nacional dice que el nuevo impuesto no afecta a los departamentos, pero varios gobernadores aseguran que sí podría bajar los recursos que reciben por la venta de licores y que se destinan a salud, educación, deporte y obras.
Según Díaz, estos recursos son clave para el funcionamiento del departamento. “El Gobierno Nacional no puede, vía decreto, abrogarse unos recursos que son de los departamentos”, ha señalado frente a la decisión.
Le recomendamos: MinHacienda responde a rebelión de gobernadores que dicen que no aplicarán impuesto a licores
Señaló también que en 2025 Santander recibió más de 407 mil millones de pesos por concepto del impuesto asociado a la venta de licores.
Dinero que se utiliza para el pago de nómina, pensionados y para inversiones en vías terciarias y secundarias, instituciones educativas y proyectos como placa huella en distintos municipios.
Le puede interesar: “La renta del cigarrillo y el licor es una renta cedida a los departamentos”: Gobernadora Toro
La reunión de este lunes busca aclarar el alcance del decreto y recoger las inquietudes de los departamentos, mientras avanza el debate jurídico sobre la emergencia económica y sus efectos en las finanzas regionales.



