“La renta del cigarrillo y el licor es una renta cedida a los departamentos”: Gobernadora Toro

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, abordó la polémica decisión de varios gobernadores de no acatar la emergencia económica decretada por el Gobierno Nacional, especialmente en lo que respecta a los impuestos a licores y cigarrillos.

La gobernadora enfatizó que esta postura no es un acto de desorden, sino una defensa de los recursos que, constitucionalmente pertenecen a los departamentos y que son vitales para la salud, educación y deporte de los ciudadanos.

“No vamos a tener recursos ni siquiera para pagar el régimen subsidiado”

Toro explicó que la principal preocupación radica en que la aplicación de la emergencia económica en licores y cigarrillos afectaría directamente la financiación de servicios esenciales: “No vamos a tener recursos ni siquiera para pagar el régimen subsidiado”, afirmó, señalando que el contrabando de cigarrillos y licor ya ha mermado significativamente las rentas departamentales. En el Valle del Cauca, por ejemplo, la renta ha disminuido en un 40 % debido al contrabando que, según la gobernadora, está ligado a bandas criminales y lavado de dinero.

En respuesta a esta situación, la gobernadora aseguró que se están explorando diversas instancias jurídicas. La primera es intervenir ante la Corte Constitucional para exponer los efectos negativos e impactos que la emergencia económica generaría en las regiones. La Federación de Departamentos ya está preparando esta instancia. En segundo lugar, presentarán tutelas, argumentando que la salud y la educación son derechos fundamentales que se verían vulnerados. Finalmente, esperan el pronunciamiento de la Corte Constitucional.

La mandataria subrayó que la renta del cigarrillo y del licor es una renta cedida constitucionalmente a los departamentos, y que si los recursos generados por el aumento de impuestos se destinan al Gobierno, los departamentos se verán doblemente afectados por la disminución de la renta debido al contrabando y por la pérdida de los recursos adicionales. “Es inconstitucional”, aseveró.

Ante la pregunta sobre si esta postura podría ser interpretada como una confrontación, la gobernadora fue enfática: “La idea no es pelear, la idea es lograr que se pueda llegar a unos acuerdos en los cuales las regiones, pero sobre todo la salud y la educación y el deporte de la gente, no se vean afectadas”. Anunció que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, programó una reunión para el lunes, donde esperan exponer sus argumentos.

Respecto a las posibles consecuencias legales, como las investigaciones penales solicitadas por el Pacto Histórico, Toro afirmó que sus acciones estarán respaldadas por un estudio jurídico sólido: “Nosotros no vamos a hacer las cosas así por así, no las vamos a hacer como debe ser y de acuerdo a la ley y a la justicia”. Puso como ejemplo el impacto en el precio de una botella de aguardiente, que pasaría de 40.000 a 70.000 pesos, lo que, a su juicio, solo incentivaría más el contrabando.

La gobernadora también abordó la preocupación de que esta situación afecte la respuesta del Gobierno a obras prometidas en las regiones. Mencionó proyectos como el tren de cercanías, la profundización del canal, el aeropuerto y la vía Mulaló-Loboguerrero en el Valle del Cauca, para los cuales han solicitado apoyo sin éxito durante tres años y medio.

Finalmente, Toro defendió la postura de los gobernadores, argumentando que son ellos quienes están más cerca de los ciudadanos y quienes deben responder por los problemas de inseguridad, educación y salud. “Aquí el que está más cerca del ciudadano es el que tiene la culpa siempre”, concluyó, enfatizando que la intención no es confrontar, sino hacer entender al gobierno las consecuencias negativas de sus decisiones en la vida de la gente.

Escuche la entrevista completa en Caracol Radio: