Ordenan cerrar de forma inmediata el viejo puente Pumarejo por riesgo estructural
La decisión se toma como medida cautelar tras admitir una Acción Popular presentada por el personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate.
Puente Pumarejo. Foto: Colprensa.
El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó el cierre inmediato del antiguo puente Pumarejo, que conecta Barranquilla con el corregimiento de Palermo, Magdalena. La magistrada Carmen Lorduy González adoptó la decisión como medida cautelar tras admitir una Acción Popular presentada por el personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate Salcedo, que busca la demolición definitiva de la estructura.
“El viejo puente representa un riesgo para la comunidad por su avanzado deterioro y abandono institucional”, afirmó Alzate, quien resaltó la vulneración de derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, el manejo de recursos y la seguridad pública.
Inspección evidencia daños graves
Durante una inspección realizada el 25 de agosto, Alzate, acompañado de ingenieros y técnicos, constató ranuras y huecos en la superficie, hurto de elementos metálicos y ausencia de mallas de protección. La demanda señala que la infraestructura amenaza la seguridad de peatones, motociclistas, ciclistas y vehículos de tracción animal.
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“La falta de mantenimiento del puente aumenta el riesgo de desprendimiento de fragmentos, poniendo en peligro a quienes transitan por la zona y a embarcaciones de pesca que navegan debajo”, advirtió el personero.
Obligaciones para el Ministerio y el Invías
La magistrada Lorduy González ordenó al Ministerio de Transporte y al Invías instalar barreras, muros o cerramientos en ambos extremos del puente, junto con señalización que advierta sobre el riesgo. Estas acciones deben ejecutarse en un plazo máximo de 45 días desde la notificación.
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La Acción Popular también plantea la creación de una mesa técnica, la elaboración de estudios para una eventual demolición y la delimitación de una franja de seguridad para embarcaciones menores mientras se define la intervención estructural.
El proceso involucra, además de la Nación, al Ministerio de Transporte, Invías, Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Dirección General Marítima (Dimar), Cormagdalena, UNGRD, los departamentos del Magdalena y Atlántico, la Contraloría Departamental, el Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla, Puerta de Oro Empresa de Desarrollo Caribe y la Universidad Nacional.
