Defensoría del Pueblo alerta sobre riesgos electorales en Córdoba por control de grupos armados
El departamento es escenario de control hegemónico del Ejército Gaitanista de Colombia, que condiciona la participación política y limita las garantías democráticas de cara a los comicios de 2025 y 2026.
Alerta temprana de la Defensoría del Pueblo sobre riesgo electoral en Córdoba.
Montería
La Defensoría del Pueblo, a través de su Alerta Temprana Electoral 013-2025, advirtió sobre los graves riesgos que enfrenta el departamento de Córdoba para el desarrollo libre y seguro de los procesos electorales de 2025 y 2026.
El documento señala que el accionar de grupos armados ilegales, en particular el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), ha configurado un escenario de control territorial que amenaza directamente los derechos políticos y las libertades civiles de la población.
De acuerdo con el análisis macroregional, Córdoba se encuentra bajo un escenario de “control hegemónico” por parte del EGC, grupo también conocido como Clan del Golfo. Esta dinámica se caracteriza por la imposición de normas de convivencia, toques de queda, regulación de la movilidad, infiltración en Juntas de Acción Comunal (JAC) y resguardos indígenas, así como la llamada “mediación” de conflictos comunitarios.
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“Su accionar se manifiesta de forma diferenciada según la subregión: en zonas en consolidación, como Urabá-Darién, el occidente antioqueño y sur de Córdoba, el EGC impone sanciones y reglas”, precisa la alerta.
La Defensoría identificó que este grupo armado ejerce presiones sobre comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, consolidando una estrategia de control político y económico, especialmente en el Bajo Atrato y el sur de Córdoba.
Injerencia del Ejército Gaitanista
Su presencia en zonas de producción de hoja de coca y con potencial agroindustrial le permite regular el acceso a tierras, incidir en proyectos de Zonas de Reserva Campesina y condicionar obras públicas.
“En este escenario, el aval del EGC se convierte en requisito casi indispensable para cualquier candidatura, consolidando su rol como actor político de facto en la región”, señala el documento.
Un riesgo específico y de gran impacto se presenta para las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP). La alerta establece que, en contextos de control hegemónico y consolidación territorial como el de Córdoba, estas circunscripciones “están condicionadas por el control político directo que ejerce el EGC”.
El grupo decide qué candidatos pueden postularse, bloquea agendas relacionadas con temas como la restitución de tierras o la reforma agraria, y exige reuniones previas como requisito informal para permitir el desarrollo de campañas. Esta dinámica reduce drásticamente la capacidad de representación de las víctimas, pues cualquier candidatura que cuestione los intereses armados es marginada o neutralizada.
Vale indicar que, recientemente, el activista y defensor de derechos humanos Víctor Ochoa, aspirante a la curul de paz, fue víctima de un atentado con arma de fuego en horas de la tarde de este viernes 3 de octubre, según informó la organización Cordoberxia, a la cual pertenece.
Adicionalmente, la instrumentalización de liderazgos comunitarios y la cooptación de Juntas de Acción Comunal (JAC) impiden que las propuestas de reparación y transformación territorial, que son el corazón de las CITREP, puedan tener un eco real en el escenario electoral.
Firmantes de paz, vulnerables
La Defensoría también alerta sobre la vulnerabilidad de los firmantes del Acuerdo de Paz, quienes no cuentan con garantías suficientes para impulsar sus propuestas políticas en un entorno dominado por la gobernanza armada.
Frente a este panorama, la entidad hizo un llamado a la acción estatal diferenciada. Si bien el documento no desglosa municipio por municipio, la metodología clasifica a los territorios según el nivel de riesgo, requiriendo en Córdoba una intervención urgente y prioritaria para disuadir las violencias, mitigar las vulnerabilidades y fortalecer las capacidades institucionales y comunitarias.
La alerta concluye que, sin una respuesta estatal robusta y coordinada, el ejercicio político libre y plural en el departamento se verá seriamente obstaculizado, perpetuando ciclos de exclusión y captura del poder local por intereses criminales.
