Anorí: “no somos de ningún grupo armado”, dicen propietarios de mina a la que le quemaron maquinaria

Anorí- Antioquia

La mañana del miércoles 17 de septiembre, un grupo de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental (DICAR), con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, llegó hasta una mina ubicada en el cañón del río Porce, en límites entre Amalfi y Anorí, Nordeste de Antioquia. En este lugar, según el reporte del ministro de Defensa Pedro Sánchez, es que se quemaron 14 retroexcavadoras, 9 motores industriales y una draga, lo que generó inconformidad a los propietarios de la mina y los trabajadores que derivan su sustento de esa extracción.

Pero quizás el tema que tiene bastante preocupados a los propietarios es el señalamiento que les hizo el alto funcionario en la red social X. Escribió “una operación contundente contra la explotación ilícita de yacimientos mineros que financiaba estructuras criminales al mando de alias Chejo”; recordemos que ese es uno de los cabecillas del frente 36 de las disidencias, y agregó: “La estructura criminal estaba extrayendo 37 kg de oro al mes, avaluados en $16.280 millones de pesos, para financiar actividades ilícitas. Con esta operación cortamos sus finanzas y fortalecemos la seguridad de Antioquia y Colombia”.

Versión de los propietarios de la mina afectada

Caracol Radio conversó con Gabriel Jaime Salazar Cadavid, representante de la mina Los Naranjos, la mina a la que le realizaron el operativo. Esta persona con documentación en mano negó todos los señalamientos que hizo el ministro y aseguró que no son integrantes de las disidencias y que su explotación aurífera es legal y que están en el proceso ante las autoridades desde hace 10 años.

“Bajo una concesión minera, un título minero que es el HHOP06, que está plenamente validado en la Agencia Nacional de Minería, tiene todos los trámites ante la dirección de Corantioquia en trámite, tiene prerrogativa minera”, explicó Gabriel Salazar.

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Asegura que el coronel de la policía que lideró el operativo no quiso revisar la documentación que el administrador de la mina le presentó para que corroborara la veracidad de lo explicado para evitar la quema de la maquinaria.

“Llega el señor coronel e inmediatamente se baja de los helicópteros, quema cuatro máquinas, pero se le dice: ¿cómo así, señor coronel? ¿Por qué está quemando las máquinas? Venga, le mostramos la documentación. El señor coronel no quiere revisar la documentación; hasta le decíamos: Hable con los abogados de nosotros, hable con ellos; ellos le pueden dar claridad al tema y simplemente se acató a decir: A mí no me importa, yo vengo con la orden, la orden es de la ANLA, sabiendo que la ANLA no tiene competencia en este tipo de cosas; la que tiene competencia es Corantioquia”.

Pero hay un punto que les genera curiosidad e indignación a la vez, manifiesta: es que el 17 de septiembre de 2025 eran ilegales, pero el año pasado, es decir, el 2024, sí eran legales para la fuerza pública, y explica ese suceso.

“Entonces llegó el comandante del operativo y simplemente se le entregó la documentación y le dijimos: Verifique coordenadas, señor coronel, verificó las coordenadas, se le mostró la documentación y dijo, efectivamente, ustedes están legales aquí. Entonces cogieron sus cosas y arrancaron y se fueron. Como le digo, nosotros somos la única mina legal que hay en el cañón del Porce”.

Negó que esa mina extrajera 37 kg de oro al mes, y manifestó que esa cantidad ninguna mina de mediana minería lo hace actualmente.

Economía de la empresa y la zona de impacto social

Incluso recalca que cuando llegaron las autoridades a la mina no estaban explotando y que todas las máquinas que quemaron, que según su versión no fueron 14 como dice el ministro, sino 11, estaban en el área del taller. Agrega que el coronel del operativo tampoco se quiso identificar.

“Más o menos unos seis mil millones de pesos, platas que son que hemos sacado con créditos bancarios; en este momento nosotros tenemos créditos con bancos, con empresas y debemos esa plata, no es que nosotros tengamos toda esa plata. Aparte de eso, teníamos 120 empleos directos a los que se les pagaban sus prestaciones, personas que se van a quedar sin trabajo”, agregó.

Las personas contratadas directamente hacen parte de un convenio con la alcaldía de Anorí. Explica que el impacto económico es para cerca de 800 personas que derivan su sustento del barequeo que permiten hacer a las personas de Amalfi y Anorí. Estos están carnetizados en medio de la legalidad de la mina.

“También se quedaron sin trabajo los barequeros. La economía de Amalfi y Anorí depende de las minas del cañón del Porce. Y súmese, pues, que es una mina legal, entonces el sustento de las dos economías. El alcalde de Anorí ayer me decía, estoy muy preocupado. ¿Qué va a pasar con nuestros municipios? ¿Se nos va a venir toda esta gente para acá? ¿Qué vamos a hacer con tanto desempleado?“.

Continúa su queja contra el Gobierno Nacional, en específico el Ministerio de la Defensa, ya que, para ellos, esto es una violación al derecho privado, además de los acuerdos firmados en el pasado paro minero de marzo de 2025.

“A la concertación que tenían con la mesa del nordeste que decían que no iban a ser operativos mineros, a las empresas que estuvieran en pro de legalización y más nosotros que teníamos ya los títulos mineros, entonces ellos dicen que hay una afectación directa entre ocho mil y diez mil personas directamente por la afectación de esta mina”.

El señor Salazar agrega con preocupación que este episodio puede generar que los proyectos mineros, unos 25 que están en el territorio en proceso de formalización, no continúen en esta tarea de legalidad ante lo ocurrido, pero no solo en el cañón de río Porce; la inconformidad se extiende a otras poblaciones del Nordeste.

“Que nosotros, al ser la mina legal, éramos el ejemplo para todos los mineros informales, que todos iban en un proceso de legalización, todos ya se estaban matriculando ante la Agencia Nacional de Minería, nosotros habíamos llevado los servicios de la Secretaría de Minas cuando todavía estaba activa; ahora estamos con el acompañamiento de la Agencia Nacional de Minería, ya todos nos están diciendo que me borren de este sistema, yo no quiero ser legal, ser legal en este país no paga. Todos absolutamente están diciendo eso, no queremos trabajar legal porque el gobierno nos traiciona”.

Señalamientos del ministro que los tiene en riesgo

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que el operativo era contra las disidencias del frente 36, lo que es negado por el empresario, ya que incluso manifiesta que la mina y ellos han sido víctima de ese grupo ilegal con atentados y desplazamientos y asegura que el funcionario les puso una lápida en la espalda.

“A nosotros incluso las FARC nos han atacado; a nosotros las FARC hace dos años nos quemó maquinaria; a nosotros las FARC incluso hubo tres soldados muertos porque nosotros hemos tenido acompañamiento del ejército; allá hubo tres soldados muertos en un ataque, pues, de la guerrilla; nos hicieron desplazamiento forzado de 150 personas y ahora nos están vinculando que nosotros éramos una mina de las FARC. ¿Usted sabe lo que están haciendo con nosotros? Nos están estigmatizando y están poniendo en riesgo nuestras vidas, porque nosotros no somos de ningún grupo armado”.

¿Qué les están pidiendo a las autoridades?

Gabriel Jaime Salazar Cadavid, representante de la mina Los Naranjos, manifiesta que hace pública esta denuncia con la intención de resarcir el buen nombre de ellos y de la empresa ante los señalamientos, según él, infundados, del gobierno nacional; por ello anunció que ya están tomando medidas legales contra el Estado.

“Esos títulos legales pagan regalías, esos títulos mineros pagan las pólizas, pagamos impuestos, pagamos de todo, porque nos atacaron a una mina legal y aparte de eso nos estigmatizaron. Nosotros estamos colocando unas demandas para resarcir nuestro buen nombre, porque ¿cómo es posible que nos digan que nosotros pertenecemos a un grupo armado?

Caracol Radio se ha comunicado con varias dependencias de la policía responsable del operativo, pero dicen no ser los respetables de la información, por lo que se espera que entreguen una respuesta ante las quejas de la empresa minera afectada con el operativo.