Las polémicas que rodean la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional en el Senado

Colombia

Esta semana el Senado elegirá al sucesor del magistrado de la Corte Constitucional José Fernando Reyes Cuartas, quien concluye su periodo este mes de septiembre y líderes de distintos sectores afirman que esta votación podría cambiar el balance del tribunal: Analistas políticos y constitucionales, resaltan que el nuevo magistrado o magistrada tendrá un rol decisivo en debates como la reforma pensional del Gobierno de Gustavo Petro.

Rol de la Corte Constitucional

La Corte Constitucional es el alto tribunal que debe proteger la Carta Política. Está integrada por 9 magistrados con mandato individual de 8 años (sin reelección), elegidos por el Senado de ternas. En este caso, presentada por la Corte Suprema de Justicia.

Su función es resolver asuntos de constitucionalidad (leyes, decretos, reformas y tratados) y tutelar los derechos fundamentales. Históricamente, las decisiones de la Corte definen límites legales a políticas públicas: desde reformas constitucionales hasta decretos de emergencia o normas sobre derechos sociales y ambientales.

En este contexto, la salida o llegada de un magistrado altera la correlación de fuerzas internas y un voto nuevo puede inclinar mayorías en casos clave.

Este proceso puntualmente, inició con la convocatoria pública 02-2025, abierta el 8 de junio, que recibió 68 postulaciones. Tras verificar requisitos, la Corte Suprema de Justicia admitió 39 aspirantes y, posteriormente, seleccionó 15 para ser entrevistados en audiencia pública. Con base en dichas evaluaciones, la Corte conformó la terna definitiva: María Patricia Balanta, Carlos Camargo Asís y Jaime Humberto Tobar.

José Fernando Reyes Cuartas: perfil y legado

La vacante que se cubrirá es la del magistrado José Fernando Reyes Cuartas, es abogado de la Universidad de Caldas, especialista en derecho penal (doctorado en Salamanca, España) .

Fue juez penal y procurador judicial, antes de ser elegido magistrado de la Corte en 2017. En 2024 fue escogido como presidente de la Corte Constitucional.

Candidatos a la magistratura y apoyos

La terna propuesta por la Corte Suprema quedó integrada por tres abogados reconocidos:

• María Patricia Balanta Medina: La única mujer de la terna, abogada de la Universidad Central del Valle del Cauca, con especialización en comercio internacional, másteres y doctorado. Ha sido juez, magistrada y docente. Es la candidata que mayor apoyo tiene por parte de diversos sectores del Gobierno. Sus aliados resaltan que sería la primera mujer afrodescendiente en la Corte, lo que celebran como aporte a la diversidad institucional.

Durante su candidatura al cargo de magistrada de la Corte Constitucional, María Patricia Balanta Medina ha enfrentado críticas debido a una investigación disciplinaria abierta por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a raíz de una queja por presunto acoso laboral presentada en marzo de 2024 por una ex auxiliar de su despacho.

Entre los hechos denunciados se encuentran comentarios despectivos, exigencias de trabajo fuera del horario laboral y presión para presentar la renuncia. Aunque Balanta ha dicho que la queja no pasó más allá de una indagación preliminar y que la denunciante posteriormente desistió del proceso por temor a una posible sanción por temeridad, el caso ha encendido el debate público en medio de una elección decisiva para la justicia del país.

• Carlos Ernesto Camargo Assis: Abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con especialización, maestría y doctorado en derecho. Fue Defensor del Pueblo entre 2020 y 2024 y tuvo cargos académicos (vicerrector en la misma universidad). Se le considera el candidato de la oposición. En el congreso reúne apoyos de los partidos Cambio Radical, Conservador (casi en bloque), Centro Democrático y buena parte de los liberales críticos al gobierno.

Durante su trayectoria pública, Carlos Camargo Assis ha sido centro de diversas controversias. Como magistrado del Consejo Nacional Electoral, fue señalado por sindicalistas de la Defensoría por supuestamente omitir evidencias clave en la investigación del caso Odebrecht contra Óscar Iván Zuluaga.

Asimismo, una acción popular presentó cuestionamientos legales sobre supuesta inhabilidad constitucional suya para ser incluido en la terna para magistrado de la Corte Constitucional, debido a estas vinculaciones.

• Jaime Humberto Tobar Ordóñez: Abogado del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, especializado en derecho constitucional con maestría en derecho. Ha ejercido en el Centro de Arbitraje de Bogotá y fue conjuez de la Corte Constitucional. Aunque figura en la terna, hasta ahora ha tenido menor visibilidad mediática y apoyo explícito de partidos grandes. No se le asocia a una corriente política clara, por lo que algunos votantes independientes del Senado podrían considerarlo.

En resumen, Balanta y Camargo concentran la puja: ella con respaldo oficialista, él con aliados opositores, mientras Tobar aparece como una opción más técnica de consenso.

¿Qué dicen los analistas de esta nueva designación?

Frente a esto, el doctor Mateo Duque Giraldo, abogado constitucionalista, aseguró en los micrófonos de Caracol Radio que la elección del senado debe estar precedida por la mayor independencia del legislativo y de la menor injerencia del Gobierno Nacional.

“En razón a que un magistrado o magistrada de la corte constitucional tiene el rol de salvaguardar los pilares básicos de una democracia al hacer control de constitucionalidad sobre leyes que promueva el gobierno, decretos con fuerza de ley, estados de excepción y a revisar las tutelas ante la Corte Constitucional. Por lo tanto, es indispensable la independencia de ese magistrado de cualquier vínculo político o ideología política afín al gobierno de turno, en aras de que sus fallos sean independientes, entendiendo que va a ser una lección para un magistrado por ocho años. Entonces, lo que se pide es más allá de la formación que tenga cada profesional, es que dichos profesionales sean totalmente autónomos y que esa lección esté libre de cualquier injerencia del gobierno de turno”, afirmó.

Temas clave en manos de la Corte Constitucional actualmente

La Corte tiene pendientes varios casos sensibles que podrían verse afectados por su nueva configuración:

• Reforma pensional: Fue demandada por vicios en el trámite legislativo (la Cámara omitió el debate requerido). En junio de 2025 la Corte la devolvió al Congreso para subsanar ese error, suspendiendo su vigencia prevista (1 de julio). El fallo estableció que la Corte tomará la decisión final, por lo tanto, el congreso sigue de cerca cuándo y cómo se subsana el trámite, ya que la sentencia definitiva dependerá del nuevo magistrado que vote en esa Sala Plena.

• Decretos legislativos de emergencia: En el Catatumbo se decretó una conmoción interior por crisis humanitaria, y el Gobierno expidió varios decretos. En julio de 2025 la Corte declaró inexequibles cinco de esos decretos (los 132, 133, 135, 137 y 155 de 2025). Todos fueron anulados por vicios formales (por ejemplo, faltas de firmas ministeriales) o por no cumplir los requisitos de necesidad y conexión con la crisis.

• Derechos ambientales de comunidades indígenas: En marzo de 2025 la Corte emitió la Sentencia T-106/2025, un fallo por contaminación con mercurio en el Amazonas. Allí ordenó la protección urgente de 30 pueblos indígenas amazónicos (macroterritorio de los Jaguares de Yuruparí) afectados por la minería ilegal de oro.

El tribunal reconoció que la contaminación pone en riesgo la salud, la identidad cultural y la soberanía alimentaria de esas comunidades, y ordenó suspender las licencias mineras de oro en la zona hasta que se adelanten diálogos ambientales y planes de remediación. Esta sentencia, con ponencia de la magistrada Diana Fajardo y apoyo de otros jueces, es ya un precedente firme, pero en futuros casos podrían depender de la mayoría vigente.

• Justicia transicional y paz: La Corte admitió el estudio de una demanda de exmilitares contra la JEP: cuestionan el mecanismo del “juicio de prevalencia”. El tribunal abrió el caso (auto de admisión) y solicitó conceptos a la JEP, Gobierno, Congreso y expertos sobre la legalidad de esta figura.

El fallo definirá los límites de la JEP, de gran impacto en cómo avanzan los procesos contra excombatientes. También quedan por definir otras demandas de derechos (salud, ambiente, libertades civiles) surgidas en el último año. Todas estas materias sentirán el peso de la nueva composición de la Sala Plena.

Próximas decisiones de alto impacto en la Corte

La elección del nuevo magistrado llega en momentos decisivos. En primer lugar, la Corte debe fallar de fondo la reforma pensional. Paralelamente, se avecinan proyectos polémicos: el Gobierno ha hablado de preparar nuevos cambios fiscales y sociales. Si alguno se aprueba en el legislativo, seguramente enfrentará control constitucional. En estos casos, el sentido del fallo dependerá de la correlación de fuerzas en la Corte.