Retos del sector energético: Air-E, subasta de energía y sobretasa

En Hora20 una mirada a fondo a la realidad del sector energético que se mueve entre las posibilidades de una huelga general de trabajadores del sector, la eliminación de una exención a las industrias que podría generar un incremento en las tarifas de la energía y lo que viene en los próximos días con la nueva subasta de energía, al tiempo que se debate sobre los proyectos clave en energía renovable no convencional. Por último, lo que dejan interventorías como la de Edwin Palma en Air-E.

Lo que dicen los panelistas

Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ANDEG, resaltó que la eliminación de la exención de las empresas a la sobretasa por solidaridad responde al problema fiscal que tiene el gobierno, “en este momento están mirando de qué cajón sacan plata y se encontraron un billete importante en contribuciones al aumentar 20% la tarifa de energía a algunos sectores de la economía”. Planteó ejemplos de cómo podrían incrementar los costos, “el bombeo de agua se hace con energía eléctrica, entonces a arroceros que pelearon disminución hace 15 años, entonces el costo energía pasa de $10 a $12 millones de pesos al mes, entonces ese es el causante directo y con efecto en inflación”.

Frente a las deudas de Air-E, señaló que de los $1,5 billones que se adeudan, cerca de $950 mil millones se le debe a los térmicos, “Air-E puede crecer la deuda a ritmos de $300 mil millones mensuales y no tener cómo guardar la energía y la región Caribe se puede quedar con racionamientos del 35% porque térmicos pueden decir que bancos no les prestan más y no hay como comprar combustibles o carbón, entonces ese es el riesgo de la región”.

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En cuanto a la subasta, señaló que el país necesitará en los próximos cinco años inversiones hasta por $40 billones de pesos para responder a la demanda futura que tenga el país en energía.

Camilo Sánchez, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, manifestó que suena maravilloso cuando el gobierno busca tener más recursos para pagar los subsidios, “se deben subsidios por $2,7 billones en subsidios, se pagó el subsidio del 2024 con los del 2025, pero el 2025 se quedó sin plata y nos dicen que solución es quitar exención”. Habló que esta situación tendrá un impacto normativo, “no se ha visto el impacto, pero qué va a pasar con empresas, usuarios, industria, hay repercusión para cada sector porque esto llevará a subir las tarifas y eso se le carga al usuario. Manifestó que será bueno que se cuente con recursos por $1,2 billones, pero también hay impacto en economía, la inflación y la forma como se perjudica al sector productivo que ahora viene con tributaria y con incremento en retenciones en empresas.

Sobre Air-E dijo que es una bomba que demuestra que el Gobierno no sabe gobernar, los $1,5 billones de deuda, así como el problema que están teniendo con las térmicas y la falta de inversiones, sumado a las dificultades en corrupción.

Tomás González, economista, exministro de Minas y exsubdirector general del DNP, manifestó que el país tiene gran incertidumbre sobre abastecimiento futuro de energía y gas, “si nos distraemos con esto que no se puede materializar, como lo es una protesta en el sector energético, vamos a dejar de dedicarle tiempo a lo importante. Esta controversia tiene mecanismos para ser resuelta, se tendrán conversaciones, mesas de trabajo y tendremos soluciones”.

En cuanto a la sobretasa, dijo que el Gobierno tiene gastos en subsidios de energía hasta en $8 billones de pesos, que viene de estratos 5 y 6 y de la contribución de los colombianos que genera unos $3 billones, pero que no es suficiente. “Acá hay señales contrarias porque es eficiencia, es también focalización de subsidios, la plata que se usa y cuánto se le da. Estudios de misión de transformación energía decían que más del 60% de los hogares reciben subsidios; algunos deberían recibir más y no tienen y otros que lo tienen, no deberían recibirlo”.

Detalló frente a Air-E que la tragedia está en la intervención, “el gobierno es un mal operador de empresas de servicios públicos, en la intervención pasada del gobierno Santos y Duque, hubo un costo de $12 billones, las pérdidas las asumió la nación y los contribuyentes”. En ese sentido, dijo que el problema de la costa no lo resuelven ni los usuarios ni las empresas, “ese es un problema de desarrollo”.

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Melba Pérez, abogada, experta en derecho de los negocios, gobierno corporativo, procesos, energía eléctrica y gas, infraestructura y transporte, señaló que el país está pateando la pelota al cambiar las reglas de juego por cuenta de los problemas que tenemos, “lo que hacemos es dejar de focalizar el trabajo en lo que tendríamos que mirar para hacer recaudos, es ajustarnos, pero también necesitamos que el gobierno verifique cómo nos ajustamos y el gobierno ajustarse”.

Frente a las necesidades de la subasta, dijo que el sector se debe obligar a ser concreto, “hay que dar señales de manera más efectiva y es enlistar acciones concretas, porque todos decimos al gobierno que en este momento regulen la subasta, que por favor no estigmatice generación térmica porque dependemos como respaldo, pero también en fuentes no convencionales y olvidamos la importancia del agua, pero también concentramos esfuerzos en proyectos de generación solar y eólico enredados, entonces pregunta es decirnos a todos cómo revisamos qué acciones concretas damos y victorias tempranas ante riesgos sistémicos”.

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Para Amylkar Acosta, exministro de minas, la situación que se presenta especialmente con Air-E que presta servicios en Atlántico, Magdalena y Guajira, es hablar de una deuda con los generadores de $1,5 billones, “en su momento se intervino hace un año porque no tenía solvencia y el superservicio que la intervino dice que no tiene recursos para darle liquidez a la empresa. Se declara insolvente el fondo empresarial que maneja para esto a la Superintendencia, entonces estamos en punto en el que puede desencadenar efecto dominó porque las generadoras tienen obligaciones con quienes les suministran y que deben pagar en efectivo y tienen problemas con bancos para acceder a créditos por la misma situación en la que está el sector”.