Los centros de pensamiento y ONG analizan la realidad del país

En Hora20 es el turno para la voz de los centros de pensamiento y ONG para entender el momento que vivimos como país. Las decisiones en torno a las reformas sociales del gobierno nacional tras la aprobación de la reforma laboral y el regreso de la pensional al Congreso.

El debate sobre la suspensión del decreto que convoca a la consulta popular, las posturas del Gobierno, el panorama institucional, pero también los nombramientos que generan reacciones. Después, el análisis a la violencia política que funge como telón de fondo de la crisis y el panorama que hoy se vive en el país.

Desde hace dos meses todos los miércoles en Hora20 veníamos hablando cada miércoles con un precandidato presidencial en “Los candidatos responden, la audiencia califica”, sin embargo, por decisión editorial y ante la situación que vive el país tras el atentado a Miguel Uribe, hemos optado por suspender el espacio y abrir el diálogo a la reflexión.

Lo que dicen los panelistas

Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, resaltó que el país enfrenta, por un lado, un deterioro en la seguridad que se ve reflejado en el atentado contra Miguel Uribe, “hay un contexto de deterioro general de seguridad, venimos en un proceso desafortunado de ausencia de política de seguridad efectiva, homicidios, confinamientos, desplazamiento, en ese contexto está la política de Paz Total y los ceses no verificados”, con lo cual, señaló que ese es el primer eje de preocupación desde HRW.

En el segundo eje está el decretazo, “ahí vemos una fortaleza en las instituciones porque se intenta cruzar la raya de pasar de los discursos antagonistas y de descrédito al Estado de derecho a expedir un decreto inconstitucional, que representa una afrenta al Estado de derecho”. En ese sentido, dijo que se ve una fortaleza en las instituciones como la decisión del Consejo de Estado sobre el decreto que convoca a la consulta popular, pero de otro lado un intento de ataque.

Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, planteó que es un momento en el que se debe demostrar responsabilidad, capacidad de responder de forma madura, racional y reflexiva, ante lo que considera, es un reto enorme, “las instituciones colombianas, incluyendo la academia han sido responsables y han logrado mostrar responsabilidad”. Manifestó que la crisis constitucional por la que hemos atravesado como país se ha logrado resolver rápidamente, “pero corremos el riesgo de que las próximas elecciones sean cuestionadas porque el registrador ahora debe responder por acusación de sedición, todo esto por lo que pasamos genera tensiones y preocupa cuando se da una respuesta en el sentido del daño”.

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Sobre la violencia política, dijo que los atacantes de Miguel Uribe lograron lo que querían, “restringe la democracia porque vamos a tener unas elecciones con menos libertad y la búsqueda del poder a través de medios menos legítimos”.

Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, comentó que estamos en un momento de tensión, incertidumbre y complejidad, “es normal que haya tensiones en democracia y desacuerdos, no todo lo bueno pasa por un consenso, no siempre logramos ponernos de acuerdo porque hay ideas y principios que no se deben negociar.Las reformas podían no pasar y el Congreso tenía potestad de no pasarlas”. En esa medida, dijo que en la Comisión Séptima del Senado hubo un procedimiento legal y legítimo en el que los ponentes archivaron el proyecto, “eso pasa y eso no quiere decir que se bloquee, eso es un procedimiento legal. El problema de alguna manera es que se quiere equiparar todo y hay falsas equivalencias. No es lo mismo cuando se toma una decisión en una corporación que usó sus facultades cuando el otro amenaza, estigmatiza y usa el miedo; son escenarios distintos, uno es uso extremo del lenguaje y símbolos, el otro ejerce competencias”.

Comentó que el gobierno gana con cara y gana con sello, “ellos quieren constituyente y se inventaron el bloqueo y lo usan como un mecanismo de imposición, pero ahora la atención se la pasaron a poder judicial con la decisión del Consejo de Estado y Corte Constitucional si le dicen que no, la finalidad de la constituyente”.

Diana Guzmán, directora ejecutiva de DeJusticia, destacó que es positivo el avance de las reformas sociales como la aprobación de la Reforma Laboral ante las demandas de sectores sociales, “eso es positivo desde la perspectiva de que se puede hacer discusión”. Sin embargo, dijo que el ambiente en general es problemático porque parece haber un deterioro del debate democrático, “es difícil llegar a puntos de encuentro y que quienes piensa distinto se encuentren y dialoguen. Mueven más pasiones y emociones que argumentos y eso dificulta debate democrático”. Destacó que el deterioro pasa también por las tensiones entre instituciones que realmente deberían apostarle al diálogo y al Estado de derecho, pues considera que esa actitud pone en riesgo las reglas del juego, como los efectos que podría tener el decretazo, “pone al Presidente como garante último de la Constitución, y pone en riesgo formula de separación poderes. No era que no quisiéramos consulta, sino que se hiciera vía decreto porque afecta reglas del juego. Es un ejemplo de tensiones que hoy tenemos, aunque el Congreso ha tensionado relaciones innecesariamente cuando el presidente del Senado sale y dice que no se reúne con el Presidente, sino que llama Fuerzas Militares; eso es separación de poderes”.

Sobre las dudas jurídicas de las competencias para revisar el decreto que convoca a la consulta popular, dijo que la Constitución establece que la Corte Constitucional es la encargada de analizar los mecanismos de participación ciudadana y que ellos deben hacer un análisis posterior de constitucionalidad sobre la consulta, “por propia jurisprudencia de la Corte sobre leyes de mecanismos participación, la Corte dijo que es control posterior, con lo cual, se da tras la votación, entonces ellos no hacen control previo y frente a jurisprudencia vigente y es que entonces el control previo es deseable porque si no votamos decreto que no tiene control y con preguntas inconstitucionales, se genera un hecho político difícil de manejar”. En esa medida, se plantea que por competencia residual, debe ser el Consejo de Estado el que conozca del control a través demandas y como ocurre actualmente”.