Caso Sarabia: ¿Qué efecto político y jurídico tienen las “chuzadas”?

En Hora20 todo el análisis a la novela que tiene inmerso al país en una gran expectativa continua. Los hechos protagonizados por la jefe de gabinete, Laura Sarabia en el caso de su exniñera en el que fue llevada a un sótano de Presidencia para someterla a una prueba de polígrafo para determinar si ella era la responsable del robo de $7 mil dólares de la casa de Sarabia, tras el pago de unos viáticos, sigue teniendo desarrollo. Pues las acusaciones de abuso de poder por el uso del polígrafo y las últimas revelaciones de la Fiscalía hicieron que el escándalo aumentara su tamaño.

El punto máximo de la situación llegó este jueves cuando una publicación de la revista Cambio afirmaba que Marelbys Meza había sido víctima de interceptaciones ilegales por parte de las autoridades en medio de las acusaciones de robo, minutos después, el fiscal Barbosa en una rueda de prensa aseguró que tanto Marelbys como otra empleada de la residencia de Sarabia habían sido objeto de chuzadas a través de la falsificación de documentos de policía judicial, pues las habrían hecho pasar como integrantes del Clan del Golfo, en el caso de Marelbys como la cocinera de alias “Siopas”. La Fiscalía llamó a declaración a Laura Sarabia, al embajador en Caracas, Armando Benedetti, y a investigadores de la Dijín.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Borda, politóloga, profesora en la Universidad de los Andes y columnista, señaló que parte del problema de lo que está ocurriendo es justamente se trata de un gobierno y un sector, que como lo dice el ministro Velásquez, no solo es víctima de violación de derechos como es interceptación, sino que lo han denunciado constantemente, “parte del problema es justo que el gobierno debería tener mayor autoridad moral en lo relacionado con estos delitos y que, por tanto, no se puede dar el lujo que pase en un nivel tan alto y cercano al presidente”.

También señaló que es un lío individual que se convierte en un asunto de Estado en múltiples vías ilegales, “esto tendrá consecuencias políticas difíciles para el Gobierno, hace perder una dosis de legitimidad entre sectores y frente a la opinión pública”.

Señaló que hay dos problemas muy graves en juego como la violación de derechos a la intimidad y el abuso de poder relacionado con las instituciones. “Es preocupante que si pasa esto con un caso particular vinculado al personal de relación con niñera, no me imagino lo que pueden hacer con un opositor cuando es inconveniente”.

Para Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor universitario y columnista, una chuzada es una interceptación ilegal que debe tener estándares jurídicos, “eso se hace en el marco del proceso, en este caso se investigaba un tema del Clan, la fiscalía hace solicitud al juez para que se autorice y lo que pasó acá es que se suplantó a una persona porque el juez confía en la buena fe”.

Explicó que se cometían delitos como fraude procesal y obstrucción a la justicia, “es una suplantación de una línea que no se investigaba nada judicialmente”, en ese sentido, señala que es clave conocer el determinador, saber quién dio la orden explícita directa o de manera implícita de realizar la interceptación. También señaló que se debe mirar en el caso de Laura Sarabia si en el marco de sus funciones hubo uso de recursos públicos para temas privados, “podría tener sanciones disciplinarias y penales, por ejemplo, peculado por uso indebido”.

Por otro lado, destacó que es vital que el gobierno adelante una investigación interna con detalles para ver qué paso, cuándo arrancó todo, quiénes sabían, quiénes dieron órdenes, quiénes permiten que ocurra, una información que considera, sería necesaria para adelantar también los procesos penales.

Para Juan Esteban Lewin, periodista y jefe de redacción de El País América, el periódico global, los hechos de las últimas horas son de marca mayor, pues recuerda que otros gobiernos han tenido líos políticos y jurídicos como el proceso 8 mil o las chuzadas del DAS, pero asegura que este gobierno en 10 meses ha pasado por su propia dosis de polémicas como el caso de Nicolás Petro y ahora el de Laura Sarabia, “esto es todo un drama con la niñera, la joven poderosa, el embajador que era uribista; hay elementos narrativos que lo hacen complejo”.

También advirtió que el grado de uso de poder, el tálente del presidente, el tema de la ilegalidad, el rol de la Fiscalía son temas que marcarán la agenda en los próximos días, así como determinar si en las fuerzas hay unos “lambones” que corren a ver cómo le solucionan al gabinete las cosas, “o si hay alguien del gabinete abusando; ojalá eso demuestre qué es lo que ha pasado y hasta dónde se carcomió las instituciones”.

Para Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, exsecretario de Transparencia de la presidencia, el presidente sí está a horas de tener que tomar decisiones fundamentales y es sí encerrarse para decidir si protege a su círculo más cercano donde estalló el escándalo, “si defiende dos funcionarios desleales como Benedetti y la comisión de hechos irregulares como en el caso de Sarabia o si toma decisiones de fondo no solo para mantener la posibilidad de evitar que la oposición que ha sido tibia y no tiene argumentos para atacar, lo pueda hacer, ensombreciendo para la agenda de Gobierno los tiempos y la incapacidad de avanzar en promoción de sus políticas y proyectos”.

Por último, afirmó que si no se hace nada se fortalece la oposición política y al tiempo la judicial, “para acallar voces debe sí o sí tomar decisiones de fondo y no solo sacando a los dos funcionarios; también debe rechazar de plano y de facto cualquier acción contraria al Estado social de derecho”.