Bogotá D.C.

Caracol Radio tiene en su poder un expediente poco conocido sobre una presunta organización criminal en la Tercera Brigada del Ejército Nacional, ubicada en Cali, que habría suministrado a disidencias de las extintas FARC más de 150 mil cartuchos de diferentes calibres y 2 mil granadas entre los años 2019 y 2021, durante el Gobierno del expresidente Iván Duque.

La investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación estima que el material de guerra robado, que posteriormente fue vendido a grupos terroristas, generó al Ejército Nacional un detrimento patrimonial de $604.622.833 y habría dejado ganancias a la red corrupta de $1.791.219.000.

Hasta el momento hay siete personas capturadas que, al momento de los hechos, eran militares activos (un sargento y tres soldados), un retirado y dos civiles. Sin embargo, fuentes cercanas al proceso indican que la red corrupta salpicaría a altos mandos, como comandantes de batallón en el Valle del Cauca.

La ‘olla podrida’ empezó a destaparse cuando cayó un cargamento de 5 mil cartuchos calibre 5.56 en el puerto de Buenaventura a mediados de enero del 2020. Un barco estaba a punto de zarpar hacia El Charco, Nariño, pero en un allanamiento de la Policía Nacional se encontraron 7 cajas que supuestamente venían por parte de una empresa de quesos y lácteos.

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Las autoridades creen que la munición, que tendría un valor de $50 millones, estaría dirigida a fortalecer a la disidencia FARC ‘Oliver Sinisterra’, estructura que pertenece a la denominada ‘Segunda Marquetalia’ que lidera alias ‘Iván Márquez’.

Luego de que se realizaron las pruebas balísticas por parte de la policía judicial, se evidenció que esas balas pertenecían a la Tercera Brigada del Ejército Nacional, ubicada en Cali.

Casi dos meses después, en marzo de 2020, dos mujeres fueron capturadas cuando transportaban en una vía del municipio de El Bordo (Cauca) cartuchos, proveedores y 10 granadas IMC 40x46, de las cuales tres aparecían en los registros del Ejército como ‘usadas’ en entrenamientos militares realizados en 2019.

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Por ahí inició la investigación que reveló una red criminal que robaba material de guerra para vendérselo a terroristas que irónicamente son enfrentados por otros militares y policías, pero que con las mismas balas del Estado son heridos o asesinados.

Fue entonces cuando la lupa de las autoridades se enfocó en el Batallón de Apoyo y Servicio para el Combate N° 3 ‘Policarpa Salavarrieta’, unidad de la Tercera Brigada del Ejército Nacional, cuyo almacenista era el sargento segundo Eduardo Alexis Duarte.

En un interrogatorio que él mismo entregó a la Fiscalía a finales de enero de 2020, reconoce parcialmente que participó en esta organización criminal. Aunque las autoridades no le dan total credibilidad a su testimonio, pues se evidenció que pretendió ocultar información y desviar el curso de las investigaciones.

¿Presionado?

El sargento contó a la Fiscalía que, al parecer, fue presionado por dos soldados profesionales, Diego Salinas y Andrés Solarte, para realizar estas actividades criminales. “Jefe ya no lo piense más, ya sabemos dónde vive usted y dónde vive su familia. Me extraña, relájese, no pasa nada, vamos a trabajar sabroso. Usted ya sabe cómo es”, le habría dicho uno de esos uniformados.

“Algo indebido empiezo hacer desde que me obligan a hacerlo por las amenazas contra mi familia”, manifestó Duarte a la Fiscalía en ese interrogatorio que conoció Caracol Radio, aunque según la investigación, su actividad delincuencial habría iniciado mucho antes.

También aparece en escena otro soldado profesional Edgar Bañol Varón, encargado de la intendencia del Batallón de Operaciones Terrestres 109. Con este personaje se descubre la primera modalidad criminal que investiga la Fiscalía.

Duarte, con experiencia en cargos logísticos, habría manipulado el software denominado ‘SAP’ para quedarse con el material de guerra sobrante y que no estaba en el inventario. Luego, esas balas y granadas las sacaban de las zonas establecidas y después eran escondidas en oficinas, depósitos no autorizados y hasta en baños del cantón militar en Cali. Justamente, una de las bodegas donde aparecían las municiones estaba a cargo del soldado Bañol.

“Del depósito sale la munición y ellos se encargaban de desaparecerla en carros militares”, aseguró Duarte a la Fiscalía refiriéndose a los uniformados, que para las autoridades sería el soldado Andrés Solarte, del Batallón de Infantería Pichincha N° 8, quien se habría encargado de sacar las granadas y cartuchos en carros particulares y militares.

Ahora, la segunda modalidad delincuencial que explicó la Fiscalía consistía en que los militares se inventaban falsos entrenamientos y reentrenamientos en el Ejército Nacional.

Para sacar el material de guerra en aparente legalidad, en el Batallón Policarpa Salavarrieta se falsificaban solicitudes de otras unidades de la Tercera Brigada, órdenes de suministro, documentos SAP, certificados de consumo de munición, planillas de tiro, actas de reintegro de material de guerra, así como actas de reintegro de vainillas, solicitudes de munición y comprobante de gasto de la misma, entre otros.

Según el testigo estrella de la Fiscalía, Juan Pablo Malpud, un cabo tercero retirado de la fuerza, el principal falsificador de firmas habría sido el soldado Diego Salinas, del Batallón de Alta Montaña N° 8, quien supuestamente recibió pagos por parte del sargento Duarte para elaborar toda la documentación falsa.

“Tenemos materializados 26 eventos de corrupción. Encontramos planillas de tiro firmadas por 207 soldados, cuando la compañía militar estaba compuesta máximo por 144, y que las fechas no coinciden con los entrenamientos reales. Además, fueron hallados patrones de consumo de material de guerra y compañías militares desactivadas utilizándolo en supuestos reentrenamientos”, explicó la fiscal del caso.

Los clientes y las fachadas militares

Luego de su retiro del Ejército como Sargento Primero, Jhony Moreno montó una escuela de vigilancia privada en Cali, llamada VIP Security LTDA, que después usaría como centro de operaciones criminales. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada confirmó que esa empresa no tiene permiso ni licencia de funcionamiento para prestar esos servicios.

Moreno entraba y salía a su gusto del cantón militar Pichincha para supuestamente reintegrar las vainillas de las balas que usaba en sus cursos, por lo que los investigadores creen que en esas instalaciones también pudieron haberse concretado negociaciones ilegales.

Y aquí aparece en escena otra vez el cabo tercero retirado, testigo principal de la Fiscalía. “El sargento Duarte le vendía a mi primero Moreno. Él le llevaba hasta allá la escuela. Él llevaba munición y granadas. Yo lo acompañé en algunas ocasiones hasta allá y él me dejaba en la parte de afuera donde se dictaban las clases. Él se encargaba del resto”, dijo el testigo.

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A la escuela también llegaba en motocicletas o camionetas Eduardo Molina Obando, un joven de apenas 25 años que para las autoridades era el principal socio comercial de Moreno y también habría adquirido el material de guerra.

“De acuerdo a estos interrogatorios, la munición también se entregaba en un lava-autos”, aseguró la fiscal del caso. Caracol Radio conoció que ese establecimiento en la actualidad se llama ‘Serviteca El Encinar’ en el barrio Palmeras del Norte de Cali, donde también vivía y tenía su oficina que compartía el joven con su padre, Eduardo Molina Berrio, también capturado en flagrancia con municiones el pasado 25 de enero de 2023 y quien podría estar vinculado a esta red de tráfico de armas.

“Sí, lo acompañé dos veces (al sargento Duarte). Allá (el lavadero de carros) entregaba munición 5.56. En un principio él la llevaba en el carro oculta en cajas debajo de los asientos. Cuando salíamos del batallón, siempre salía al mediodía o en la tarde. Y él siempre se colocaba el uniforme para poder salir”, confesó el testigo.

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En las audiencias que conoció Caracol Radio, un juez de Cali decidió imponer medida de aseguramiento intramural al sargento retirado Johnny Moreno, al sargento segundo activo Eduardo Alexis Duarte, a los soldados Diego Salinas y Edgar Bañol, y al joven civil de 25 años Eduardo Molina Obando.

Para Eduardo Molina Berrio le concedió la detención domiciliaria (mismo lugar donde según la Fiscalía se recibía la munición robada del Ejército) y dejó en libertad al soldado Andrés Giovanny Solarte, al considerar que las pruebas que presentó la Fiscalía en las audiencias no fueron suficientes. Sin embargo, fuentes le dijeron a Caracol Radio que sigue vinculado a la investigación.