Justicia

12 integrantes del batallón La Popa reconocerán públicamente falsos positivos

Ante la JEP se llevará a cabo la diligencia judicial el 18 y 19 de julio en Valledupar, Cesar

Falsos positivos/ Colprensa

Falsos positivos/ Colprensa

Doce de los quince miembros del Ejército del Batallón de Artillería No. 2 La Popa, que ya presentaron por escrito ante la Jurisdicción Especial para la Paz, su reconocimiento de responsabilidades por crímenes de guerra y lesa humanidad por el asesinato y desaparición forzadas, en el caso 03 de falsos positivos, ahora lo harán de manera pública los días 18 y 19 de julio en Valledupar, Cesar.

Publio Hernán Mejía Gutiérrez, Juan Carlos Figueroa y José Pastor Ruiz Mahecha, no aceptaron su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales y sus casos fueron enviados a la Unidad de Investigación y Acusación para dar trámite a un juicio en el que si son vencidos se exponen a una pena de hasta 20 años de cárcel.

En esta diligencia pública los 12 comparecientes responsables de los ‘falsos positivos’ ocurridos en la Costa Caribe deben pasar del reconocimiento escrito que entregaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz, a un reconocimiento público ante la justicia, las víctimas y la sociedad colombiana.

Estos militares son responsables en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira. Ellos hicieron parte del Batallón La Popa entre el 9 de enero de 2002 y el 9 de julio de 2005.

Entre los convocados están: Alex José Mercado Sierra, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, Efraín Andrade Perea, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Elkin Rojas, Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, José de Jesús Rueda Quintero, Juan Carlos Soto Sepúlveda, Manuel Valentín Padilla y Yeris Andrés Gómez Coronel.

En el proceso judicial participarán las autoridades indígenas Kankuama, Wiwa y las víctimas acreditadas en el Caso 03: Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado, subcaso Costa Caribe y sus representantes judiciales y la Procuraduría.

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