Gobierno pide a la Corte anular fallo que despenalizó el aborto hasta la semana 24

El Ministerio de Justicia le hizo la petición a la Corte de anular esta sentencia, argumentando algunas irregularidades que se estarían presentando.

Aborto (Colprensa - Camila Díaz)

El Ministerio de Justicia le pidió a la Corte Constitucional que anule la sentencia que despenalizó el aborto hasta la semana 24 (sexta semana de gestación). Entre los argumentos del demandante está el de que hay ciertas irregularidades, pues el “fundamento de todos los derechos es el del derecho a la vida y un Tribunal Judicial no puede ser quien determine desde cuando una vida merece protección”; sumado a otro, que inclusive movimientos Próvida sostienen, y es el que esta reglamentación debe ser competencia del Congreso de la República y no de la Corte Constitucional.

“Si el Congreso de la República no expide una ley que regule el acceso libre a la interrupción voluntaria del embarazo, y mientras no lo hiciere, deberá entenderse que las mujeres, niñas, adolescentes y personas gestantes, en todos los casos, tienen el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo”, argumentó el demandante. 

Entre tanto, en la petición también se hizo referencia a que hubo supuestas irregularidades en la votación de la Sala Plena de la Corte.

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“El Conjuez que se sorteó para desempatar la votación realizada el 20 de enero de 2022 sobre la ponencia que propuso la inexequibilidad del artículo 122 del Código Penal, ni siquiera se pronunció sobre dicha ponencia, sino sobre la alternativa de resolutivo que propuso la declaratoria de exequibilidad condicionada la cual no se había discutido y mucho menos se había votado, razón por la cual la intervención del Conjuez Julio Andrés Ossa Santamaría en la Sala del 21 de febrero de 2022 fue a todas luces improcedente”, sostuvo el demandante sobre la expedición de la sentencia

Aunque es un panorama incierto, sobre si efectivamente la Corte tumba o deja la sentencia, siendo el caso de que la Corte la anulara, el aborto estaría permitido únicamente bajo las tres cáusales que ya estaban establecidas desde el 2006: riesgo para la salud, grave malformación del feto, resultado de violación. 

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