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Con Plan Estratégico de Seguridad, Gobierno busca frenar violencia en Yarí

En los últimos días, excombatientes han denunciado ser víctimas de desplazamiento forzado, amenazas y ataques en contra de sus esquemas de seguridad.

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Más de 100 familias de excombatientes, en las que se encuentran 64 niños, 15 personas con discapacidad y 15 adultos mayores, vienen siendo víctimas de desplazamiento forzado, amenazas y ataques en los Llanos del Yarí, en el Meta, según denunció el Partido Comunes. Ante esta situación de violencia, el Gobierno se pronunció.

“El Gobierno del presidente Duque rechaza y reprueba los hechos violentos registrados en la zona de los departamentos del Meta y Caquetá, contra los esquemas de seguridad de personas en reincorporación que residen en el antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación – ETCR – del Yarí, y celebra que esas acciones no hayan afectado a ninguno de los protegidos", manifestó el consejero para la Estabilización, Emilio Archila.

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Según dijo el consejero, "reaccionamos de inmediato y ayer ya se realizó una sesión extraordinaria de la Mesa de Coordinación Interinstitucional, convocada por la consejería Presidencial para la Estabilización, con la participación del Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, Oficinal del Alto Comisionado para la Paz, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, Fuerzas Militares, Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección".

Allí, explicó, se analizaron las condiciones del antiguo ETCR del Yarí y se informó de la asignación de un Fiscal para atender la situación específica de este espacio, así como el mantenimiento de los patrullajes de verificación y seguridad, y la presencia del esquema dispuesto por parte de la Unidad Nacional de Protección.

Archila reiteró que "los enemigos del proceso son quienes intentan estos ataques. Se seguirá avanzando hasta que la reducción de estos llegue a cero". Para ello fue expedido el Plan Estratégico de Seguridad y Protección, encabezado por la Consejería para la Estabilización, los Ministerios del Interior y de Defensa, el Comando General de la Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad de Investigaciones especiales de la Fiscalía, la UNP, la ARN.

Este plan, según Archila, ha operado a través de la implementación de 8 líneas estratégicas: prevención del riesgo, acciones inmateriales de prevención, protección individual y colectiva, articulación para la investigación y judicialización, seguridad humana integral, enfoque diferencial de género para las medidas de seguridad, coordinación interinstitucional, y garantías de seguridad para la participación electoral.

Puntualmente ante las amenazas denunciadas, el Gobierno anunció que todas las medidas para la seguridad de las personas en reincorporación y sus familias en esos departamentos se mantienen activas, y que se fortalecerá la presencia y acciones de la Fuerza Pública en esos antiguos ETCR, con 86 miembros de las Unidades Básicas de Carabineros de la Policía, y con la presencia de 6 pelotones, conformados por 176 efectivos.

En el Meta, de acuerdo con los registros actuales que presenta la Consejería, se cuenta con 1.391 personas que adelantan su proceso de reincorporación, "tanto en los 3 antiguos ETCR, como en otras locaciones de los diferentes municipios".

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