Justicia

La ANI se opone a preclusión en caso Odebrecht

La representación de víctimas considera que la solicitud de preclusión de la Fiscalía en favor de dos empresarios no es seria, pero sí sospechosa

Odebrecht, multinacional que sobornó a empresarios y funcionarios públicos para lograr contratos FOTO GettyImages

Odebrecht, multinacional que sobornó a empresarios y funcionarios públicos para lograr contratos FOTO GettyImages

La abogada de la ANI, Ingrid Lorena Parrado dice que es inexplicable que la Fiscalía acuse por el delito de lavado de activos a los empresarios Gilberto Hernán Saldarriaga, y Gilberto Ramírez Varela, y un mes después pida la preclusión diciendo que ahora son inocentes, porque que fueron engañados por Roberto Prieto.

Es que por lo menos se puede inferir que ese conocimiento sí existía, y si hay posibilidad de inferirlo no hay lugar a preclusión, señoría, que nos pongamos serios, no puede ser que se impute un día y al otro se precluya”.

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Para la representación de víctimas no es lógica la nueva teoría de la Fiscalía, en la que ahora concluye que los procesados fueron asaltados en la buena fe de la amistad.

“Es un testigo que al inicio sirvió de cargo, pero que ahora es de descargo, cosa que también es bastante sospechosa”. Advirtió la defensa de víctima.

La abogada cuestiona que porque, por ejemplo, Gilberto Hernán Saldarriaga ya fue condenado a ocho meses de prisión en el año 2018 por haberse prestado para direccionar, a través de su empresa Megaland S.A.S., un pago de 650 millones de pesos para Roberto Prieto con contratos ficticios.

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“El objeto de ese contrato simulado ficticio, que nunca se ejecutó y que además obra en el expediente, eran unos estudios de topografía que desviaban abiertamente el objeto contractual.

De acuerdo con el expediente judicial está comprobado que Gilberto Hernán Saldarriaga, como gerente de la empresa Megaland SAS cobró siete cheques por más de $750 millones; y Gilberto Ramírez Varela representante de la empresa M&E recibió Eduardo Zambrano un cheque por $280 millones. Dineros en efectivo que terminaron en manos de Roberto Prieto.

El próximo 30 de noviembre el juez definirá si precluye o continúa el juicio.

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