Procuraduría sancionó a dos policías por incendio del CAI en Soacha
El Ministerio Público calificó la conducta de los uniformados como falta gravísima a título de dolo.
Así quedó el CAI de San Mateo tras incendio que dejó ocho muertos. (Captura de pantalla de audiencia.)
Este sábado, la Procuraduría General destituyó e inhabilitó por 16 años y 6 meses a dos miembros de la Policía de Cundinamarca, por la muerte de ocho detenidos y tres quemados en un incendio en la Estación de Policía de San Mateo en Soacha, el pasado 4 de septiembre de 2020.
Según el material probatorio recaudado, el patrullero Jorge Eliécer Suárez Orduz fue ubicado en un lugar donde debía permanecer durante su servicio, y desde el cual podía visualizar y escuchar lo que allí ocurría.
De acuerdo al fallo de primera instancia de la Procuraduría, 7 minutos después de haberse iniciado y advertido el fuego, el patrullero Suárez no hizo nada para abrir la reja, pese a que tenía las llaves en su bolsillo. Solo hasta cuando llegó el patrullero Harold Rincón Cuervo, quien debió pedírselas, fue abierta la celda.
“Estaba en condiciones de evitar el resultado dañino producido en perjuicio de la vida e integridad de los privados de la libertad cuya protección se le había confiado o aminorar el riesgo y el propio resultado a través de la acción debida, ya que tenía conocimiento de lo que ahí ocurría, de las consecuencias de una tardía intervención y, además, contaba con los medios necesarios para prevenirlo impedirlo evitarlo o hacerlo menos dañino”, señaló el Ministerio Público.
La decisión también cobija a la subteniente Aleida del Pilar González, quien era, para la época de los hechos, la comandante encargada de la estación de Policía. Para la Procuraduría, debió impartir acciones para preservar la vida de los detenidos.
La conducta de los uniformados fue calificada como falta gravísima a título de dolo. Dentro de la determinación disciplinaria se absolvió al teniente César Augusto Martínez Fernández, en su condición de comandante de la estación de Policía de Soacha, Cundinamarca.
Contra esta decisión de primera instancia los abogados defensores de los disciplinados sancionados y algunos representantes de víctimas interpusieron el recurso de apelación.
