El caso de Almario el primero que llega a la Fiscalía de la JEP

Ante la ausencia de reconocimiento de responsabilidad y su insistente alegato de inocencia por los graves hechos que se le atribuyen, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz ordenó remitir el proceso judicial de Luis Fernando Almario Rojas, exrepresentante a la Cámara por el departamento del Caquetá, a su Fiscalía que es la Unidad de Investigación y Acusación.

Almario es el presunto máximo responsable del magnicidio ocurrido el 29 de diciembre de 2000, de Diego Turbay Cote (en ese entonces presidente de la Comisión de Paz de la Cámara); su madre, Inés Cote de Turbay, y sus acompañantes: Jaime Peña Cabrera, Edwin Amir Alarcón Angarita, Hamil Bejarano Martínez, Dagoberto Samboní Uni y Rafael Ocasiones Llanos. Asimismo, a Almario se le investiga por su participación en el secuestro de Benjamín Herrera Londoño, ocurrido en 2002.

Este es el primer proceso judicial que se remite a la Unidad de Investigación que tiene funciones de Fiscalía y le corresponderá decidir si lo acusa ante el Tribunal para la Paz de la JEP. De ser vencido en el juicio Luis Fernando Almario Rojas podrá ser condenado hasta 20 años de cárcel.

Tras agotarse el proceso dialógico en el que participó Almario Rojas, se inicia el proceso adversarial en el cual todas las partes (víctimas, Procuraduría y el compareciente) continuarán en la controversia probatoria que se llevará a cabo ante el Tribunal de Paz, que deberá desvirtuar o no la presunción de inocencia del excongresista.

Este caso es relevante porque es lo que pasará con las personas que están acogidas a la justicia especial y con todas las pruebas existentes no aceptan su responsabilidad en graves hechos relacionados con el conflicto armado y son llevados a juicio y se exponen a penas altas de prisión.