Justicia

Lluvias torrenciales

Consejo de Estado negó reparación por ruptura del canal del Dique

El alto tribunal señaló que el desborde, que afectó a varios habitantes en Bolívar y Atlántico, fue por las lluvias.

Canal del Dique.

Canal del Dique. (Cortesía: Juan Cantillo, Colprensa.)

El 30 de noviembre de 2010, el canal del Dique se rompió en uno de sus tramos, justo cuando el país atravesaba el fenómeno de “La Niña”.

Esta ruptura generó la inundación de varios municipios aledaños a la obra, en el norte de Bolívar y el sur del Atlántico.

Sus habitantes perdieron 46 vacas y 20 toros cebú, 50 carneros, 10 cerdos, 20 hectáreas de potreros y 80 árboles de mango, limón, cítricos, cocoteros, ciruelas, plátanos y pan coger, además de averías en campamentos y corrales de vareta y establos.

Añadieron que se había afectado la producción lechera y la venta de terneros durante tres años, así como la ganancia esperada por cultivos de maíz, pastos y potreros.

Los habitantes consideraron que hubo una inadecuada construcción del terraplén del canal, falta de mantenimiento y una respuesta tardía a su ruptura, por eso pedían una reparación por 3.400 millones de pesos.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones porque culpó a las fuertes lluvias de los daños y no a la ruptura del canal del Dique, que consideró como un hecho imprevisible.

“En tanto las lluvias sobrepasaron niveles históricos (…) tuvo como fuente una circunstancia de fuerza mayor, en tanto la ruptura del Canal del Dique fue un hecho irresistible e imprevisible, ajeno al extremo pasivo de la litis”, señalaba.

El Consejo de Estado ratificó ese fallo, argumentando que las precipitaciones ocasionaron el desborde del canal.

“En particular, el Ideam consideró que hubo un incremento de la pluviosidad superior al 200%. En el caso de Manatí, las precipitaciones aumentaron en un 303.1% y frente al Canal del Dique superaron para diciembre de 2010 los máximos históricos desde 1972, lo que ocasionó su desborde”, dice la providencia judicial.

Por otro lado, probó que las entidades demandadas, como Cormagdalena y Cardique, sí tomaron las medidas que estaban a su alcance para tratar de evitar el siniestro, como la realización de comités preventivos, limpiezas de ríos y canales, conformación de adecuaciones y la construcción de terraplenes y muros de contención antes y después de lo ocurrido.

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