Corte Constitucional

Corte ordenó mantener el esquema de seguridad a un líder afrocolombiano

Corte Constitucional le ordenó a la Fiscalía General de la Nación fortalecer la judicialización de las amenazas que atentan contra líderes sociales

UNP /

Danilo Murillo Córdoba, es protegido por un reciente fallo de la Corte Constitucional luego de que interpuso una tutela contra la Unidad Nacional de Protección (UNP) reclamando mayor seguridad ante el desmonte gradual del esquema de protección asignado, lo cual pone en grave riesgo su vida.

El líder social fue víctima de desplazamiento forzado y desde hace varios años trabaja en el Chocó promoviendo la salvaguarda de los derechos humanos y el retorno de las comunidades a sus territorios arrebatados. En el 2019 informó a la UNP de nuevas amenazas contra su vida, por lo que se adicionó transitoriamente a las medidas de seguridad que ya tenía (un hombre de protección, un chaleco blindado y un medio de comunicación) un vehículo blindado y un escolta.

Sin embargo, después del estudio de seguridad, la UNP decidió retirar estas medidas temporales y dejar las que ya estaban argumentando, entre otras cosas, que no existe decisión de fondo en las investigaciones por las denuncias, dando a entender que la falta de resultados en el proceso penal implica, a su vez, que las amenazas denunciadas por el accionante no tendrían la inminencia o credibilidad suficientes.

El fallo le ordenó a la Unidad Nacional de Protección que mantenga el esquema de seguridad compuesto por un vehículo blindado, dos hombres de protección, un medio de comunicación y un chaleco blindado que estará vigente hasta tanto se realice un nuevo estudio del riesgo, el cual deberá tener en cuenta los elementos de contexto en que se encuentra el solicitante y los patrones de victimización recientes contra los líderes sociales, especialmente contra los representantes étnicos y defensores del proceso de restitución de tierras.

También se exhortó a la Fiscalía General de la Nación a que fortalezca la investigación y la judicialización efectiva de los presuntos delitos denunciados por el líder social, especialmente en relación con las amenazas recientes en su contra.

 

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