Exdirector del INPEC en líos por convenio que graduó a ‘paras’ de abogados

La Fiscalía le imputó el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos al exdirector del INPEC, general ( r ) de la Policía, Gustavo Adolfo Ricaurte, por la firma de un convenio con la Corporación Universitaria Ideas que graduó a paramilitares como abogados, pero cuyo programa no tiene aval del Ministerio de Educación.

De acuerdo con la Fiscalía se trató de un programa de Educación Superior para la carrera de derecho en la cárcel La Picota de Bogotá, con el que se alcanzaron a graduar de abogados los paramilitares Edwar Cobos Téllez, alias ‘Diego Vecino’, y Luis Eduardo Cifuentes Galindo, alias ‘El Aguila’.

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El convenio consistió en que las dos entidades se comprometían a abonar esfuerzos ara facilitar el programa de educación superior profesional desde la facultad de derecho y ofreciendo a los alumnos un proceso de investigación que permitiría y también el mejoramiento de ese convenio, no generaría ningún costo, y se mantendría por 5 años.

El problema está en que ese convenio no tuvo autorización del ministerio de Educación, aun así, se habría desarrollado el proyecto con aval del general.

“General Ricaurte Tapia, usted sabía que esto no contaba con los permisos del ministerio para que ingresaran a La Picota, además fueron negados los permisos para dictar dentro de los muros de La Picota por medio de resoluciones que prohibían ejecutar el programa de derecho en la penitenciaría La Picota”, recalcó el fiscal del caso

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Para la Fiscalía el alto exoficial habría omitido el manual de contratación del INPEC y los principios de contratación pública, debido a que no hay registro de publicaciones de la fecha del convenio, se habría omitido el proceso de selección porque no se hizo público en el SECOP, y dicho convenio se habría adjudicado a dedo.

“No sabemos cómo usted, General Ricaurte Tapia firmó un contrato con la Corporación ideas, de dónde salió el contrato, no lo sabemos, pero se firmó”. Añadió la Fiscalía.

De acuerdo con el ente acusador, ese programa sin reconocimiento se pretendía dictar en cárceles de Itagüí, Antioquia y Villavicencio, Meta donde esa universidad tiene sedes. En la audiencia, el general Ricaurte se delcaró inocente y la Fiscalía dejó abierta la posibilidad de negociar un preacuerdo.

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