2 tutelas de despido a personas VIH ponen el tema ante Corte Constitucional

Ambos empleadores de manera independiente por vía de acción de tutela, solicitan la protección de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, al trabajo, a la salud, al mínimo vital, a la seguridad social y a la vida. Pasan a reseñar los aspectos principales de cada proceso.

Uno de los demandantes es Giovanni quien fue diagnosticado con VIH desde el 15 de junio de 2015. Viene siendo tratado con los medicamentos Abacavir 600 (desde el 18 de junio de 2015) y Lamivudina 300 Efavirenz 600 (desde el 16 de octubre de 2018), y debe asistir a control médico dos veces por mes.

En junio de 2018 empezó un contrato por obra labor; el 9 de abril de 2019, sin contar con autorización del Ministerio del Trabajo, Fuerzactiva EST S.A.S. dio por terminado el contrato laboral con el señor Giovanni con el argumento de que había finalizado la obra o labor.

Sin embargo –afirma la demanda–, la labor se sigue desarrollando puesto que la empresa de servicios temporales sigue enviando trabajadores en misión a la empresa Construlog S.A.S., para que desempeñen la misma función que venía realizando el actor.

A raíz de la desvinculación, el promotor de la acción aduce que ve amenazados sus derechos a la salud y a la vida por no poder acceder al sistema de salud para proseguir su tratamiento, al tiempo que tampoco puede realizar los aportes al sistema de pensiones.

Después de que un tribunal negara la petición del demandante, la Corte Constitucional con este y otro caso similar que llegó a la corte por diagnóstico de VIH, la Corte concluyó que ante un despido a todas luces injustificado surge un deber en cabeza de las empresas, consistente en garantizarles a los actores la permanencia en sus empleos, con fundamento en el principio superior de solidaridad y concede el amparo.

También se aborda la temática relacionada con el derecho a la estabilidad laboral reforzada de las personas portadoras del VIH.