Procuraduría exige garantías en salud para San Andrés y Providencia
El ente de control le envió una carta al Ministerio de Salud en donde pide que se garanticen los derechos fundamentales de los isleños.
Procuraduría exige garantías en salud para San Andrés y Providencia(Colprensa)
La Procuraduría, en ejercicio de las funciones preventivas asignadas por la Constitución Política y el Decreto Ley 262 de 2000, adelanta una actuación especial en defensa de la garantía de los derechos fundamentales a la salud y a la vida de los ciudadanos residentes en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que se encuentran en condición de vulnerabilidad como consecuencia del impacto generado por el huracán Iota.
El ente de control tuvo conocimiento del diagnóstico de más de 35 nuevos casos positivos para COVID-19, reportados en Providencia, de pruebas practicadas entre los días 20 y 22 de noviembre, de los cuales algunos de ellos permanecen en tiendas de campaña instaladas provisionalmente para atender la emergencia y otros han sido trasladados a San Andrés.
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Esta situación obliga a que el Gobierno Nacional, en coordinación con las autoridades locales y EAPB, active en forma inmediata los protocolos de tamizaje masivo y cerco epidemiológico a efectos de impedir el escalamiento de la pandemia que podría estar altamente favorecida por las condiciones de cercanía o hacinamiento provenidos de la permanencia de la población en refugios temporales, disponiendo la existencia y garantizando el suministro de tapabocas a toda la población del Archipiélago.
Así mismo, se ha reportado la escasez de medicamentos, insumos, dispositivos médicos, tales como: alcohol antiséptico; esparadrapo; micropore; algodón, entre otros.
Por lo expuesto, el organismo de control pidió al Ministerio de Salud que se estructure un Plan de Acción para San Andrés, Providencia y Santa Catalina que garantice el cumplimiento de las obligaciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, de la Secretaría de Salud departamental. Además, de garantizar los derechos fundamentales a la salud y a la vida de la población.
