Contraloría y Fiscalía defienden contratación en medio del coronavirus
Aunque el contratista tiene el permiso del invima, este se otorgó posterior al contrato adjudicado.
(Colprensa)
Los entes de control señalan a Caracol Radio que los contratos que se adjudicaron el 17 de marzo de 2020 por $121.380.000 para adquirir 60.000 tapabocas en la Fiscalía, y el contrato del 16 de abril para adquisición de elementos de bioseguridad por $722.152.928 en la Contraloría, están ajustados a la ley y que tuvieron todos los estudios técnicos.
Dicen esas dos entidades que el 16 de marzo, el Invima declaró el tapabocas como un "dispositivo médico vital" y por esa razón la empresa Bon Sante, estaba habilitada. Sin embargo, revisada la página web del invima, si bien no se necesitaba registro sanitario, sí se solicitó unos requisitos mínimos para comercializar tapabocas.
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Y según una certificación del mismo Invima, el permiso para comercializar estos productos para esa empresa se otorgó en mayo, es decir con posterioridad a los dos contratos.
