Las decisiones que ha tenido que "echar para atrás" Duque en la pandemia

La reciente decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional de declarar inconstitucional el Artículo 12 del Decreto 491, que facultaba al Congreso para sesionar de forma virtual no ha sido la única medida que le han ‘tumbado’ al presidente Iván Duque en medio de la pandemia por COVID-19.

Sin embargo, esta última decisión ha sido la que más impacto ha causado debido a que tendrá una influencia directa sobre la forma en la que sesionará el Congreso a partir del próximo 20 de julio, cuando se inicie la próxima legislatura. Ahora deberá ser el mismo Legislativo el que regule cómo funcionará y no el presidente el que lo determine.

Otra decisión que le fue revocada al presidente fue la de mantener a los adultos mayores en aislamiento preventivo obligatorio estricto hasta el próximo 31 de agosto, bajo el argumento de ser la población más vulnerable a los efectos del virus. El Juzgado 61 Administrativo de Bogotá le dio aval a la tutela que interpusieron personalidades de la vida pública que pertenecen a este grupo etario, como Rudolf Hommes y Clara López.

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No obstante, Duque le encargó a su equipo jurídico la tarea de impugnar esta decisión, señalando que esta decisión no se tomó por‘capricho’ sino basada en las estadísticas de comportamiento del virus que arrojan que las personas mayores de 70 años tienen un alto riesgo de tener consecuencias fatales si se llegan a contagiar.

La Corte Constitucional también tumbó los artículos 1 y 2 del Decreto 476 del 2020 , a través de los cuales se flexibilizaban los requisitos y trámites para adquirir, comercial, importar o donar medicamentos y elementos recomendados para combatir el COVID-19.

A juicio de la corte, ni el Gobierno ni el Invima o el Ministerio de Salud tienen la facultad de modificar los requisitos para evaluar el riesgo sanitario de este tipo de productos en medio de la pandemia por el COVID-19.

De igual forma, la Sala Plena virtual de la Corte Constitucional declaró contraria a la Constitución la facultad atribuida a los procuradores judiciales en familia para fijar obligaciones provisionales en relación con la custodia, visitas y alimentos. Se consideró que fue una decisión en contravía de la misionalidad de la Procuraduría General de la Nación.

La Corte Constitucional también declaró inconstitucional el Decreto Legislativo 487 de 2020, que suspendía por 30 días los trámites de extradiciones, argumentando que restringía el debido proceso y la libertad de las personas solicitadas en extradición, además de incumplir los compromisos internacionales en materia de cooperación judicial.