ONU ya le había pedido al Gobierno medidas para depurar archivos

Ante la lista llamada “Opositores” que publicó el Ejército Nacional, Caracol Radio conoció en exclusiva que la ONU Derechos Humanos viene pidiendo hace 16 años la depuración de archivos por denuncias de persecución y amenazas a diferentes sectores del país

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En el año 2004 en su informe la ONU aseguró que: Las reformas de inteligencia propuestas desde el año pasado requieren pasos más decididos para asegurar que el comportamiento de las agencias de inteligencia se ajuste a las normas y prácticas de un Estado democrático de derecho. En este campo existe un peligroso vacío de control democrático. Por lo tanto, la Alta Comisionada insta al Gobierno, a la Procuraduría y al Congreso a establecer mecanismos democráticos robustos de control externo sobre los servicios de inteligencia, avanzar en el establecimiento de los centros de protección de datos con los más altos estándares de control interno y establecer un mecanismo de depuración de archivos.

Asimismo, exhorta a que las investigaciones judiciales avancen para establecer y condenar a los autores materiales e intelectuales de los crímenes supuestamente cometidos por miembros del servicio de inteligencia civil, DAS.

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Y en el año 2009 nuevamente reiteró las recomendaciones sobre la depuración de archivos y las amenazas a las personas de diferentes sectores. Recomendó a la Procuraduría General de la Nación que sancione a los funcionarios públicos que con sus declaraciones deslegitimen o pongan en riesgo la labor de defensores de derechos humanos, al tiempo que insta al Gobierno a dar cumplimiento inmediato a los acuerdos alcanzados en la Mesa Nacional de Garantías para defensores de derechos humanos; llamó al Gobierno a tomar medidas específicas para que los sistemas de inteligencia respeten los derechos humanos y estén sujetos a estrictos controles civiles y judiciales, a avanzar en la investigación de los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos y a implementar un mecanismo efectivo de depuración de archivos con la activa participación de la Procuraduría; exhortó a las autoridades competentes a avanzar en las investigaciones sobre el origen y los autores de las amenazas hechas durante 2009 a través de panfletos y correos electrónicos.

Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas, asegura que el Gobierno toma mal las lecturas de la ONU que hace recomendaciones acertadas.

Piden al Gobierno explicaciones por estas listas que pone en riesgo a los allí mencionados entre periodistas, políticos y organizaciones de derechos humanos.