La Corte Constitucional dejó en firme la Ley 1776 de 2016 con la cual se dio vida a las Zidres que plantea la posibilidad de asociación entre empresarios y campesinos para producir en zonas de difícil acceso y producción.

El objetivo con esta norma, ha dicho el Gobierno, es que con estos proyectos conjuntos se habilitarán más de 7 millones de hectáreas para producir alimentos.

Sín embargo congresistas del polo y Alianza Verde habían demandado la norma por consideran que se abría la puerta a la entrega de terrenos baldíos para todo tipo de personas, cuando la constitución señala que solo deben ser para campesinos que lo necesiten.

La Corte ratifica que la normativa se ajusta a la constitución y por ellos la deja en firme.