No hay cacería de brujas o un tribunal de fuego para ejecutar venganzas: De la Calle

El jefe de la delegación del Gobierno en La Habana, Humberto De la Calle, respondió a la pregunta de Caracol Radio sobre la posición del vicepresidente Germán Vargas Lleras frente al proceso de paz, asegurando que no se tratará de una persecución judicial a civiles, sino por el contrario, de normalizar la situación jurídica de aquellos que están señalados de financiar o participar del conflicto en Colombia.

“No hay el riesgo que algunos piensan que existe sobre un especie de cacería de brujas o un tribunal de la inquisición para ejecutar venganzas”, afirmó De la Calle.

Al destacar “el apoyo que le ha brindado el vicepresidente Vargas Lleras al proceso y al plebiscito, así como su anuncio de que votará por el Sí”, le dio un mensaje de tranquilidad, asegurando que la justicia amnistiará a quienes no participaron de delitos de lesa humanidad.

Precisó que los llamados “terceros, aquellas personas que sin ser combatientes tuvieron relación directa o indirecta con el conflicto”, según lo pactado en La Habana, será juzgado por la justicia especial para la paz (JEP).

“Las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares, que no sean resultados de coacciones respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante o habitual en los crimines más graves, los de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidio, etcétera”, explicó De la Calle.

Aclaro que los terceros que hayan incurrido de manera determinante “por ejemplo financiando una masacre pues tiene que responder ante la JEP”, sin embargo, quienes tengan conductas distintas, tendrán un tratamiento “equivalente” a lo que ocurre con las Farc y la amnistía.

Para ello el Ministerio de Justicia expidió las guías “para efectos de la responsabilidad de los terceros, donde se dijo que tendrá la JEP la función de resolver la situación jurídica de estos que hayan participado del conflicto armado”, de manear que quienes no hayan tenido una participación determinante en los delitos más graves y representativos la JEP podrá renunciar a la persecución penal.