Pretelt: de honorable a indigno

Esta semana el Senado deberá ocuparse del caso del magistrado Jorge Pretelt, de la Corte Constitucional, para determinar si es digno o no de estar en ese cargo. Si lo declara indigno, deberá dejar el cargo y esperar a que la Corte Suprema lo procese por un supuesto delito de corrupción –concusión es de lo que se acusa--. A la hora de escribir esta nota, aún no se había tomado la decisión de incluirlo en el orden del día del Senado, que en su momento lo primero que hará será resolver las recusaciones contra más de la mitad de sus integrantes. Tal vez se hará el jueves.

En febrero del 2015 estalló el escándalo de Fidupetrol. Su colega de Corte, Mauricio González lo acusó ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de haber exigido 500 millones para evitar la imposición de un pago de 22.000 millones de pesos que le ordenó la Corte Suprema a esa empresa. A finales de 2015, la Cámara, en una decisión histórica, acusó a Pretelt ante el Senado que ahora se apresta a dictar un fallo político que, de ser aprobado, prácticamente acaba la carrera judicial del magistrado.

El juicio a Pretelt es importante no para el grueso de los colombianos sino por lo que representa para la justicia que atraviesa por la peor crisis de credibilidad en la opinión debido a los escándalos en las altas cortes a las que se les acusa de politización y amiguismo para pagar favores. Con lo de Pretelt, la más perjudicada ha sido la entidad de la rama más apreciada por la gente, que ve en ella la protectora de sus derechos. Si Pretelt es acusado, se estaría enviando un mensaje de que la corrupción en las altas cortes sí se puede castigar y que si antes no se hizo no fue por falta de pruebas sino por falta de voluntad política, sin necesidad de reformas a la justicia. Además, podría ejercer algún tipo de presión sobre el caso del procurador Alejandro Ordóñez que ha dilatado su proceso en el Consejo de Estado a punta de jugadas jurídicas para evitar que le anulen la reelección.

Pero el caso Pretelt como juicio político plantea inquietudes, pese a que por esta y otras acusaciones como posesión ilegal de predios en Urabá no es un modelo de servidor público. Quienes lo defienden siempre tendrán argumentos políticos, más que jurídicos, para hablar de persecución por tratarse de un magistrado cercano al uribismo –que trató de salvarlo como pudo-- y adverso al gobierno en los fallos de constitucionalidad de las leyes del gobierno y en sentencias sobre derechos de las minorías. También dirán que este como muchos ex funcionarios del gobierno Uribe fueron víctimas de las decisiones el ex fiscal Jorge Eduardo Montealegre y se preguntarán que habría pasado si hubiera sido un magistrado cercano al gobierno.