A finales de julio comenzaría verificación de restitución de tierras: Fedegan
José Félix Lafaurie señaló que en compañía de la ONU se evaluará la expropiación de predios a campesinos de buena fe sin indemnización.
Presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie(Colprensa/Archivo)
El presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie manifestó que a finales de julio comenzará el proceso de verificación de la aplicación de la Ley de Restitución de Tierras, con el respaldo de las Naciones Unidas.
Dijo que esta es una gran oportunidad para verificar en el terreno las reclamaciones que los segundos ocupantes de buena fe pero no exentos de culpa, tienen sobre la aplicación de la ley.
Manifestó que algunos pequeños campesinos y ganaderos que compraron de buena fe predios de campesinos se les están quitando sin ninguna reparación.
De acuerdo con el dirigente gremial en el transcurso de un par de semanas en coordinación con la ONU se podrá establecer las áreas a visitar y la metodología a aplicar para que el proceso sea serio y de cara al país.
Reconoció que hasta el momento hay cerca de 200 casos identificados de nuevos propietarios a quienes se les quiere expropiar sin ninguna indemnización a pesar que compraron 3 o 4 hectáreas de buena.
Aseguró que las protestas se han presentado en Carmen de Bolívar, Sincelejo, San Ángel, San Alberto y Sabana de Torres, entre otros municipios.
Reiteró que desde Fedegan se respaldan todas aquellas acciones encaminadas a quitarle la tierra a los violentos y los despojadores, sin importar sin son Farc, Eln , paramilitares o miembros de cualquier otro grupo al margen de la Ley.
Adicionalmente, advirtió que “el Estado tiene la obligación moral y legal de quitarles la tierra a los violentos, sin tener que maltratar a los pequeños y medianos campesinos en el proceso, cuyo único patrimonio es la propiedad que le quieren arrebatar. Son los nuevos despojados del Estado”.
Al final, recordó la importancia que tiene el que la Unidad de Restitución de Tierras actúe con rigor, dejando los sesgos y procurando evitar que un grupo de población tan vulnerable como lo es el rural termine siendo víctima, no de grupos armados ilegales, sino del Estado, que es quien debería propender por la defensa de sus derechos y es hoy una de sus principales amenazas.
