"La Jurisdicción especial para la Paz, podría ser la entrada para falsos testigos": Acore
También se oponen al nombramiento de magistrados extranjeros de línea antimilitarista.

Jaime Ruiz Barrera, presidente de ACORE.(Colprensa)

Bogotá
Los oficiales de la reserva activa mostraron su preocupación sobre la Jurisdicción Especial para La Paz, donde afirman que hay personas y organizaciones defensoras de derechos humanos interesadas únicamente en la plata de la reparación.
Precisamente el general (r) Jaime Ruiz, presidente de la Asociación de Oficiales retirados de las Fuerzas Militares (Acore), indicó que con el nombramiento de los magistrados del Tribunal Para la Paz, podrían quedar juristas que sean “antimilitares”, muy cercanos a la línea de izquierda, “antimilitaristas”, quienes no dudarán en fallar a favor de víctimas, “que no están tan interesadas en que los militares paguen cárcel, sino para que los reparen”.
Adicionalmente indicó que los casos de falsos víctimas se podría repetir, como ya ocurrió en el caso de la masacre de Mapiripán, Meta, “donde se pagaron con recursos del Estado por desaparecidos que después aparecieron o sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por falsas víctimas”, y puso como ejemplo el caso del Palacio de Justicia, donde se han condenado a militares injustamente.
Por ello el oficial (r) afirmó que todavía hay mucha tela por cortar en el tema de Jurisdicción Especial de Paz, donde las supuestas víctimas “están interesados únicamente en la plata”.
Por ello, reiteró su preocupación por la escogencia de los magistrados del Tribunal para La Paz que asumirán los casos de los militares que cometieron delitos en medio del conflicto armado, donde se opone al nombramiento de juristas extranjeros.
Explica el oficial que “allí podría tener injerencia las Farc, esto debido a que si la OEA, es designada para que nombre a algunos de los magistrados, sería la puerta de entrada para el juez español Baltazar Garzón, un reconocido antimilitarista, o el abogado de las Farc”, como califica el general Mejía, al abogado ibérico, Antonio Ricaurte.




