Equilibrio de poderes: ¿presiones o coincidencias?
Durante el trámite del proyecto se han presentado polémicas, que van desde citaciones judiciales hasta seguimientos.
La protesta de las cabezas de la rama Judicial, incluido el fiscal, contra el proyecto de equilibrio de poderes hizo pública la molestia de quienes durante años gozaron de un fuero que casi garantizaba inmunidad penal o disciplinaria, dada la inoperancia de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes
Más información
Consultados por Caracol Radio varios parlamentarios cuestionaron por ejemplo que en pleno trámite del Acto Legislativo y en medio de los choques que existen, el Consejo de Estado haya decidido aceptar una demanda contra la elección del Congreso instaurada varios meses atrás por el partido MIRA, que perdió sus curules en los pasados comicios
Así mismo resalta el caso de Claudia López y Angélica Lozano a quienes llamó el Consejo de Estado a una audiencia de pérdida de investidura, en medio del enfrentamiento que sostienen con el gobierno y los presidentes de las cortes por sus denuncias durante el trámite del proyecto
La demanda fue presentada por un ex candidato al Congreso, argumentando que la relación personal de las dos dirigentes les impedía lanzarse al Congreso por el mismo partido. La procuraduría no acogió este planteamiento y pidió mantenerles la investidura
Miedo hay y por todas partes, pues 52 de 102 senadores tienen familiares presos, investigados o trabajando en la rama Judicial, sin contar con los 62 que tienen casos penales abiertos, lo que sin duda les genera incertidumbre a la hora de votar un proyecto que le molesta a su juez natural
Incluso el freno a la venta de Isagén ha sido interpretado como un mensaje de los tribunales al Gobierno
Además se han presentado incidentes bochornosos como el de la lobista del fiscal que logró tumbar un artículo que perjudicaba al jefe del ente acusador, o la carta en la que el propio Eduardo Montealegre y otros magistrados a nombre de la rama pedían una constituyente para reformar la justicia, lo que fue interpretado por el Congreso como un mensaje de que no estaban capacitados para hacer ese trabajo
Hace dos semanas la Red de Veedurías Ciudadanas recusó a más de 80 congresistas por conflicto de intereses y actualmente les tiene radicado un derecho de petición urgente en el que pide la relación de familiares de parlamentarios que trabajan en la rama Judicial, información que piensa convertir en prueba para justificar la demanda de inconstitucionalidad del proyecto
Para algunos senadores y representantes, si bien las altas cortes han expresado públicamente su oposición al proyecto, es más el trabajo que han hecho en privado o de forma velada enviando mensajes con decisiones judiciales que podrían tener repercusión política
Genera incertidumbre el trámite que tendrá en la Corte Constitucional este Acto Legislativo que sin haber terminado su trámite en el Congreso ya tiene por lo menos tres anuncios de demandas ante los tribunales, uno de ellos de parte del Fiscal General.
