La Procuraduría defiende los derechos de un médico que se negó a practicar un aborto

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional amparar los derechos fundamentales de un médico a quien se condenó, sin permitirle su defensa, por no haber practicado un aborto a una menor de edad absolutamente incapazEl procurador Alejandro Ordóñez consideró que el hecho de que al Dr. Germán Arango Rojas no se le haya vinculado ni en primera o en segunda instancia en un proceso de tutela que no fue iniciada contra él y que se le haya condenado en abstracto en Sede de Revisión, sólo por el hecho de haber visto una sola vez a una menor de edad discapacitada y que estaba embarazada, a la cual no se le practicó el aborto que solicitaron sus padres, representa una violación a los derechos fundamentales y especialmente al derecho al debido proceso del citado médico. Así, considerando especialmente que la decisión que la Corte Constitucional adoptó por medio de la Sentencia T-946 de 2008 y la cual se mantuvo a pesar de que el mencionado médico intentó un incidente de nulidad, una reposición e incluso una acción de tutela ante el Consejo de Estado, ha dado lugar a que el mismo haya sido suspendido provisionalmente del ejercicio profesional por parte del Tribunal de Ética Médica Nacional y obligado a indemnizar a la menor de edad por el Tribunal Contencioso Administrativo de Caldas; el Procurador General de la Nación, ha coadyuvado las solicitudes de los jueces de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, en virtud de su obligación de intervenir ante las autoridades judiciales en defensa de los derechos fundamentales (Art. 277, 1 CP), de proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad (Art. 277, 2 CP), el Procurador General de la Nación le ha pedido a la Sala Plena de la Corte Constitucional hacer frente al riesgo de una mayor vulneración de los derechos fundamentales del Dr. ARANGO ROJAS, ya sea declarando de oficio la nulidad de la Sentencia T-946 de 2008, aclarando que ésta no le es oponible al mismo -pues no fue vinculado al proceso de tutela en el cual resultó condenado-, o a través de cualquier otro medio que la Corte Constitucional considere pertinente para su efectiva protección

Por estos mismos hechos, el Ministerio Público adelanta acciones para amparar los derechos fundamentales de la madre discapacitada y de su hijo dado en adopción.