Aprobación de ley de víctimas a "pupitrazo" desata polémica

Una gran controversia quedó planteada tras la aprobación a "pupitrazo" en la Cámara de Representantes de la Ley de Víctimas. Mientras el gobierno destacó el paso de la iniciativa, el partido Liberal considera que es "inequitativa e injusta", por considerar que no le da tratamiento igualitario a las víctimas de guerrilla, paramilitares y agentes del Estado

El presidente Álvaro Uribe destacó la aprobación de la nueva Ley de Víctimas por parte de la Cámara de Representantes y dijo que el país se aprestará a apoyarlas parcialmente. El mandatario indicó que a finales del presente mes se empezará a reparar económicamente a las más de 220 mil víctimas registradas en el país. "En virtud de un decreto que expedimos hace año y medio, y ahora apoyados en la nueva ley, al final de este mes el Gobierno empezará a pagar el componente monetario de la reparación de víctimas", precisó el presidente Uribe. Agregó que será una tarea que le costará mucho al fisco nacional en los próximos años, pero que es necesaria llevarla a cabo con el fin de eliminar 'semillas de venganza'. Finalmente indicó que dicha labor se adelantó como le fue manifestado a la comunidad internacional, a través de una legislación que apoya las libertades y con respeto a los valores democráticos. La ley fue aprobada a "pupitrazo" A "pupitrazo limpio" y desconociendo las peticiones de votación nominal para cada uno de los más de 160 artículos, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate la ley de víctimas, que sin embargo debe ser conciliada con el Senado de la República

Mientras el gobierno y los ponentes calificaban lo aprobado como un avance en la legislación colombiana, los autores (la bancada liberal) y las diversas organizaciones de víctimas dijeron que se trata de un verdadero retroceso y un irrespeto a los miles de afectados por la violencia política de los últimos 50 años

Uno de los puntos polémicos fue el de reconocer que los agentes del Estado pueden ser victimarios. Según lo aprobado, solo se reconocerá mediante sentencia judicial ejecutoriada y siempre y cuando el agente lo haga en razón del servicio

En todos los casos, incluyendo los de agentes estatales, la reparación administrativa de las víctimas será hasta por un valor equivalente a 40 salarios mínimos, unos 19 millones de pesos a hoy. Pero parte de la indemnización corresponde a dinero y la otra será en asistencia social. “Es una mezcla de indemnización pecuniaria con lo asistencial, pues el Estado no se declara culpable sino solidario con las víctimas”, dijo el ponente liberal del proyecto, representante Guillermo Rivera, tras considerar que lo aprobado es una burla que victimiza aún más a los afectados

Según el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, el proyecto define como víctimas a quienes de manera individual o colectiva hayan sufrido menoscabo en sus derechos como lesiones transitorias o permanentes y como consecuencia de acciones realizadas por miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley durante y con ocasión de su pertenencia a los mismos, que hayan transgredido la legislación penal o constituyan una violación manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos. Precisamente una de las discusiones previas entre los ponentes, fue el de hablar sobre “normas internacionales de derechos humanos”, y no de violaciones al derecho Internacional Humanitario. “Esta figura implica que se reconoce la existencia de un conflicto interno que el gobierno no acepta y que implicaría inconvenientes económicos y hasta la presencia de una comisión Internacional de Encuesta”, dijo el ponente oficialista del proyecto, el conservador Jorge Humberto Mantilla

El gobierno diseñará un sistema de registro y control de víctimas o de beneficiarios de eventuales reparaciones. A efectos de acceder a las medidas de reparación, las víctimas deben registrarse en un término que no podrá exceder de cuatro años para las víctimas anteriores a partir de la promulgación de la ley, y de dos años para los afectados a partir de la ocurrencia del hecho. Se prevé para la reparación administrativa 18 meses y para la definición judicial de una víctima de un agente del Estado se determina también los mismos 18 meses y se les da a los magistrados de Tribunal la atribución del conocimiento de estos casos. La ley no tiene límite retroactivo y hacia adelante tiene una vigencia de dos años con lo cual quedan cubiertas las víctimas o las nuevas víctimas que aparezcan en este tiempo adicional, según el ministro Valencia Cossio

También se crea la Comisión de la Verdad para Tierras, que tendrá un mandato inicial de dos años, prorrogable por el mismo periodo y estará conformada por tres personalidades nacionales y dos de origen internacional. Los integrantes de esta Comisión serán elegidos por la Corte Constitucional y su trabajo se apoyará en las Comisiones Regionales de Restitución que ya están funcionando. Tras la aprobación del proyectop las representantes liberales Clara Pinillos, Gema López y Nancy Denisse Castillo se pararon y se pusieron de espaldas a la directiva del Cámara, para significar que la corporación votó de espaldas a las víctimas