JEP sobre secuestro: ¿cuál es la importancia de la decisión?

En Hora 20 todo el análisis sobre el auto que publicó este jueves la Jurisdicción Especial para la Paz; sus efectos en medio del proceso; las implicaciones y lo que sigue después de la decisión. También una mirada a los retos que tiene Jurisdicción de paz y las víctimas.

Como un hecho histórico y una acción contundente ha sido leído el auto que publicó este jueves la Jurisdicción Especial para la Paz en el que acusa a ocho miembros del entonces secretariado de las Farc como coautores del crimen de guerra de toma de rehenes y del crimen de lesa humanidad de otras privaciones graves de la libertad. Esta decisión, que corresponde al macrocaso 01 o “toma de rehenes y privaciones de la libertad” se convierte en la primera imputación que hace el tribunal de paz que entró en funcionamiento desde el 2017 y la primera decisión sobre secuestro después de que se abriera el caso el 6 de julio de 2018.

Atados a los crímenes de guerra por toma de rehenes y privaciones de la libertad; los ocho ex miembros del secretariado tendrán que responder por otros delitos como homicidio, violencia sexual, tortura y desaparición forzada, así como por responsabilidades individuales, las cuales dependen de las actuaciones y de los grados de responsabilidad. Estos autores mediatos con responsabilidad de mando son: el jefe del partido “Comunes” Rodrigo Londoño; los senadores Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo; Jaime Alberto Parra “El médico”; Rodrigo Granda; Joaquín Gómez; Pastor Alape y el recién fallecido Bertulfo Álvarez.

Esta decisión que queda plasmada en un auto de 322 páginas tuvo en cuenta 2.456 víctimas acreditas; 1.028 observaciones; 17 informes de la Fiscalía General de la Nación y la comparecencia de 38 comandantes de las extintas Farc y de más de 200 excombatientes. Uno de los aspectos más relevantes es que le Jurisdicción deja de hablar de “retenciones ilegales” y pasa a denominarlo “toma de rehenes y privación de la libertad”, esto según el presidente de la JEP, el magistrado Eduardo Cifuentes para ceñirse al nombre técnico en el Derecho Penal Internacional sobre el secuestro en el marco de los crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad.

Lo que dicen los panelistas

Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, celebró el pronunciamiento, aunque recalcó que la gente ya estaba desesperada y que si no se daba pronto alguna noticia sería la hecatombe para el proceso y para la misma JEP. No obstante, apuntó que es como volver a comenzar, pues afirma que en la justicia ordinaria muchos de los imputados de hoy, ya estaban condenados.

También dijo que la perspectiva política es preocupante ante la posible polarización por la que atraviese de nuevo el país de cara a un proceso en el que unas personas que cometieron delitos graves paguen penas cortas.

Iván Cancino, abogado penalista y columnista, resaltó que, siendo un fuerte crítico de la JEP, cabe resaltar puntos importantes del auto como el carácter garantista con los imputados; el cambio de definición en la categoría del delito y le recalca que no hay posibilidad de amnistía, “para un penalista cumple con todo lo que debe tener una acusación seria”, no obstante, también indicó que fue una decisión demorada y que se siente un cambio en la JEP ante la llegada del magistrado Cifuentes a la presidencia.

Sin embargo, lanzó una crítica en el sentido de que una persona que cometida delitos de lesa humanidad, jamás debería llegar a la política o estar en el congreso mientras se esté cumpliendo con la pena.

Yesid Reyes, exministro de Justicia, comentó que la parte de mayor trabajo y que requería de contrastación de la información; de las versiones libres y de revisar los expedientes, ya pasó. Por lo que cree que ahora el proceso puede ser corto, dado el caso que los siete imputados acepten la responsabilidad.

En cuanto a la eficiencia de la justicia ordinaria, advirtió que no es cierto que esta haya avanzado mucho en 40 años investigando todos los delitos que se lograron investigar en el auto de la JEP, “nos llevamos tres años para tomar esta decisión, pero primero se esperó 40 años para que la ordinaria se ocupara de estos temas”, concluyó.

Mónica Cifuentes, gerente jurídica durante el proceso de paz con las Farc y exprocuradora delegada ante la JEP, resaló que la importancia del auto está en que se demuestra que sí se puede hacer paz con justicia, por lo que cree que el dilema ha sido superado. También comentó que algo a rescatar de la providencia es que se empiezan a llamar las cosas por su nombre “nos da la novedad y la tranquilidad que cumplimos obligaciones internacionales. La jurisdicción da una denominación al secuestro y como crimen de guerra se llama toma de rehenes y en lesa humanidad es privación de la libertad. Eso da connotación al caso, el hecho de llamarlo por su nombre”, resaltó.

En una corta entrevista durante el programa, Humberto de la Calle, jefe negociador del acuerdo con las Farc, apuntó que lo ocurrido hoy es trascendental para el acuerdo de paz, en medio de un contexto en el que se decía que la paz era un canto a la impunidad y que no iba a ocurrir nada.

Frente a la participación política de los imputados, dijo que la Corte Constitucional en su pronunciamiento sobre el tema, se preserva si hay sanciones propias, y es la propia JEP la que debe mirar en qué condiciones se cumplen las sanciones y ellos determinar si son compatibles con el ejercicio legislativo.