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Procuraduría solicitó al Ocad Caribe adoptar medidas para garantizar el PAE

El ente de control hizo un llamado urgente para que se garanticen los derechos de más de 140 mil beneficiarios del PAE en el Magdalena.

PAE /

La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente al presidente del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Caribe para que se garanticen los derechos de más de 140.000 beneficiarios del Programa Alimentación Escolar (PAE) en el departamento de Magdalena.

De acuerdo con un comunicado, el ente de control "requirió adoptar medidas necesarias para evitar afectaciones en la continuidad del servicio de alimentación escolar que debe brindarse a los niños, niñas y adolescentes, titulares de derecho de esta estrategia de acceso y permanencia escolar".

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En su comunicación, manifestó la Procuraduría su preocupación por que, tras más de cuatro meses de ser aprobado por la Gobernación de Magdalena el proyecto presentado para la implementación del PAE, el consejo de administración de la Región Administrativa y de Planificación del Caribe (RAP) Caribe, segundo ejecutor asignado, manifestó su negativa a dicha designación.

Igualmente, el Ministerio Público hizo saber que a comienzos de enero de este año, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) también respondió negativamente a tal nominación del OCAD, por no tener la competencia legal para ejecutar el programa.

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"En el marco de las competencias preventivas y de control de gestión referidas anteriormente, advertimos del riesgo inminente de que no se logren destinar los recursos necesarios a la alimentación escolar", señaló el comunicado de la Procuraduría.

Finalmente indica el documento que "el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, es el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes".

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La Procuraduría recordó que esta actuación no implica coadministración ni injerencia en las decisiones de las entidades estatales o de los particulares que ejercen funciones públicas, solo busca evitar que se materialice el riesgo de que opere la liberación automática de los recursos, y con ello la desaparición del proyecto.

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