Indígenas de la Sierra piden inversión para conservar el Parque Tayrona

Santa Marta

En la alta temporada del turismo en el Magdalena, los indígenas de la Sierra Nevada actualizan la discusión sobre los destinos que toman los ingresos que pagan los visitantes al ingreso en el Parque Tayrona, así como la administración ecoturística de la reserva.

Danilo Villafaña, cabildo gobernador del pueblo Arhuaco, ha señalado que la zona protegida además de los 3 cierres por 45 días que se realizan cada año, también necesita que se recuperen las áreas utilizadas por la explotación turística.

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Villafaña hizo hincapié en que no se oponen a que un tercero opere el Parque, pero lo que sí les genera preocupación es que, como ha pasado en los últimos años, sea esa misma firma la que capitalice los recursos.

“La concesión la puede asumir cualquier empresa experta en esta materia, lo que no estamos de acuerdo es que al concesionario se le adicione el tema de las taquillas, lo que paga el turista para entrar al Tayrona. Estos recursos deben ser invertidos en la conservación de más áreas”, dijo la máxima autoridad arhuaca en el Magdalena y La Guajira.

Por otro lado, los nativos según su cosmovisión, reiteran que el Parque no puede desprenderse de la Sierra y su carácter sagrado se debe respetar. Asimismo, reclaman mayor participación en las estrategias para el conservacionismo ambiental.

“Nos siguen llamando ‘vulnerables’, pero resulta que donde se producen los recursos no tenemos participación, por lo cual sentimos que es algo descortés y ofensivo para los asentamientos indígenas”, agregó Villafaña.

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Desde la reapertura del Parque Tayrona el aforo permitido es de 2.499 personas por día, y de acuerdo con lo estipulado en la tabla de precios en la temporada del 15 de diciembre al 30 de enero, los turistas extranjeros cancelan $64.500 para ingresar; colombianos mayores de 25 años, $29.000; y los nacionales entre 5 y 24 años, pagan $20.500.

La licitación por la prestación de los servicios en el Tayrona y en el Isla Salamanca está suspendida de diciembre de 2019 por la orden de un juez.