Accidente en gaira
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Procuraduría pide compulsar copias a defensa de Enrique Vives Caballero

El Ministerio Público hizo la solicitud argumentando temeridad, mala fe y por obstruir al desarrollo de las audiencia.

Abogado Alex Fernázdez Harding, defensa de Enrique Vives Caballero /

En la segunda parte de la audiencia de apelación de Enrique Vives Caballero, la delegada de la Procuraduría, Gloria Guzmán Duque, solicitó al juez de segunda instancia compulsar copias en contra de Alex Fernandez Harding, defensa del empresario.

"Solicitamos al juez de segunda instancia que compulse copias contra este abogado por temeridad y mala fe, toda vez que alegó hechos contrarios a la realidad, además por obstruir al desarrollo de las audiencias", afirmó Guzmán.

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La procuradora cuestionó la toma de decisiones del abogado sin consultar con el fiscal del caso, tal es el caso de los traslados a las clínicas Perfect Body y Fusam.

Añadió que "no hay ningún apasionamiento del Ministerio Público en el caso, ya que el único interés es la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas".

En relación al accidente, la Procuraduría controvirtió el informe de peritaje entregado por la defensa de Vives Caballero, sustentando que el vehículo "no iba a 60 kilómetros por hora", toda vez que el desmembramiento de los cadáveres da cuenta de la velocidad de la camioneta.

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Por su parte, la fiscal Diana Quiñonez refutó los argumentos de la defensa de Vives, precisando que "no es cierto que las personas se abalanzaron al vehículo. Está demostrado que este iba en exceso de velocidad. El conductor no observó la señal de tránsito que regula a 30k/h el tránsito en esa zona".

Según Quiñonez, Vives realizaba una actividad voluntaria con altas probabilidades de producir un acontecimiento como el ocurrido y no hizo nada para evitarlo, pues "no existe una huella que dé muestra que frenó en el lugar de los hechos, él continúa la marcha. Solo a 100 metros es donde se detiene".

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Teniendo en cuenta que dos de las víctimas mortales y un lesionado no alcanzan la mayoría de edad, la Fiscalía fundamentó la urgencia de imponer la medida de aseguramiento de privación de la libertad en el Código de Infancia y Adolescencia.

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