“Tenemos argumentos sólidos”: defensa de Tete Samper apeló condena y asegura legalidad del convenio
El abogado Martín Juvinao aseguró a Caracol Radio que la defensa considera que el convenio cumplió los requisitos legales, que las pruebas documentales reposan en el expediente y que esperan que la segunda instancia revoque la condena de ocho años de prisión.

El exalcalde del municipio de ciénaga fue condenado a 8 años en primera instancia. Foto: Fiscalía.

La defensa del exalcalde de Ciénaga, Luis Tete Samper, presentó recurso de apelación contra la condena de ocho años de prisión impuesta en primera instancia por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
En diálogo con Caracol Radio, el abogado Martín Juvinao confirmó que la apelación ya fue sustentada y aseguró que la defensa cuenta con argumentos jurídicos para buscar que la decisión sea revocada en segunda instancia.
“Tenemos mucha fe y mucha convicción de que las autoridades van a terminar dándonos la razón porque tenemos suficientes argumentos sólidos jurídicos”, afirmó Juvinao.
El abogado explicó que la defensa no cuestiona la autonomía del juez que emitió la sentencia, sino la valoración que hizo sobre las pruebas presentadas durante el proceso. Según señaló, el expediente contiene documentos y testimonios que, a su juicio, demostrarían la ejecución del convenio y los beneficios que habría generado para comunidades indígenas del corregimiento de San Javier, en Ciénaga.
“Los mismos indígenas declararon en juicio oral y manifestaron su complacencia con el señor alcalde porque es el único alcalde que ha tenido en cuenta a las comunidades indígenas para mejorarles su estatus de vida en el municipio de Ciénaga”, indicó.
Frente a los cuestionamientos relacionados con la compra del inmueble contemplado dentro del convenio, Juvinao aseguró que esa actuación estaba incluida en los estudios previos y hacía parte de los objetivos establecidos desde la estructuración del proyecto.
“Si usted se lee los estudios previos se dará cuenta de que dentro de los objetivos está la compraventa de un inmueble y terminó cumpliéndose lo dicho en los estudios previos”, sostuvo el abogado.
Respecto al comunicado de la Fiscalía, en el que se señala la presunta ausencia de documentos esenciales para acreditar la ejecución del convenio, la defensa aseguró que dichos soportes sí hacen parte del expediente judicial y que incluso fueron aportados durante el proceso por el propio ente acusador.
Además, Juvinao sostuvo que durante la estructuración del convenio hubo respaldo de distintas entidades y que documentos del Ministerio del Interior, el Departamento Nacional de Planeación y la Unidad Nacional de Parques Naturales de Colombia hacen parte de los elementos que, según la defensa, fueron valorados en el proceso.
“Esos documentos fueron presentados por la misma Fiscalía. Tanto el acta final como el acta de cumplimiento y el acta de interventoría están expresamente en el expediente contractual... no tuvieron en cuenta que existen en el expediente”, indicó Juvinao.
El abogado agregó que uno de los principales argumentos que presentará la defensa en la segunda instancia está relacionado con la naturaleza jurídica del convenio. Según explicó, el acuerdo debía ser analizado bajo el artículo 355 de la Constitución Política, al considerar que se trataba de un convenio con una entidad sin ánimo de lucro para desarrollar actividades de interés general.
“Nosotros consideramos que ese convenio se debió haber analizado bajo el artículo 355 de la Constitución Política y no bajo la Ley 80 de contratación estatal, porque era un convenio con una entidad sin ánimo de lucro para desarrollar actividades de interés general”, explicó el jurista.
Finalmente, Juvinao señaló que Luis Tete Samper ha atendido las decisiones judiciales y permanece a disposición de las autoridades mientras avanzan los recursos presentados por la defensa.
“Fue respetuoso de las órdenes judiciales. Ayer estaba en las instalaciones del CTI poniéndose a disposición de las autoridades y hoy se encuentra en su residencia esperando que se resuelvan los recursos de índole constitucional y legal”, concluyó.
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