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"No hay consulta previa para la construcción de mega cárcel": indígenas

La comunidad indígena Ette Ennaka Chimila, reclama que comenzarán obras de mega cárcel en San Ángel y no se ha adelantado la consulta previa.

"No hay consulta previa para la construcción de mega cárcel": indígenas

"No hay consulta previa para la construcción de mega cárcel": indígenas / USPEC

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec, adjudicó el viernes ocho de enero al Consorcio Fundación 2020, mediante audiencia, la licitación pública para el diseño, construcción y equipamiento de la cárcel en Sabanas de San Ángel, en el departamento del Magdalena, por $186 mil millones.

No obstante, representantes de la comunidad indígena Ette Ennaka Chimila denuncian que la consulta previa nunca se realizó, y después de firmada el acta de inicio del proyecto en la cárcel Rodrigo de Bastidas en febrero del 2020, la firma encargada de la megaobra, ya adelantó procesos de contratación del personal.

Edilberto Riatiga, representante de Riatiga Consultores, quien representa a las comunidades, manifestó que antes de comenzar a ejecutarse el proyecto, el Estado debe enviar a la zona un equipo técnico de parte de la dirección de Consulta Previa, adscrita al Ministerio del Interior.

Dijo que el proceso se debe agotar teniendo en cuenta que está dentro del acuerdo 169 en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ratificado en el bloque de constitucionalidad definido en la ley 21 de 1991.

En los predios donde se va a realizar la mega cárcel hay tres sitios sagrados, entre ellos dos estructurales que generan una afectación directa a la población Ette Ennaka Chimila en el marco de usos y costumbres definidos en la directiva presencial 10 del 2013”, afirmó Riatiga.

Cabe recordar que, la consulta previa es un mecanismo de participación que tienen los grupos étnicos en la toma de decisiones jurídicas y administrativas, cuando se vayan a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus territorios, buscando, de esta manera, proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar el derecho a la participación.

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