Justicia

Judicializan al alcalde de Barbosa por presunta irregularidad en contrato

El alcalde continúa ejerciendo su cargo, mientras que dos funcionarios implicados serían retirados de sus funciones provisionalmente.

Judicializan al alcalde de Barbosa por presunta irregularidad en contrato

Judicializan al alcalde de Barbosa por presunta irregularidad en contrato / Cortesía

Antioquia

Tras presuntas irregularidades en un contrato para la atención de la emergencia por COVID-19 en Barbosa, el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal impuso medida de aseguramiento, no privativa de la libertad, contra el actual alcalde de esa localidad, Édgar Augusto Gallego, por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros.

A través de una investigación, la Fiscalía pudo establecer que el contrato contemplaba “capacitación para la prevención de la enfermedad y la compra de insumos como guantes, tapabocas y gel antibacterial, entre otros, con un contratista que, al parecer, carecería de idoneidad para celebrarlo.

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Según informó la Fiscalía, habría sobrecostos en la adquisición, los elementos serían de mala calidad y otros no tendrían relación directa con el contrato.

Además, por su vinculación en el proceso, le fue impuesta la medida de detención domiciliaria al secretario de Salud municipal, Daniel Fernando Alcaraz, al secretario de Planeación y supervisor del contrato, Hugo Aldemar Suárez y al contratista Julián Andrés García.

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El secretario de Salud del municipio fue imputado por los delitos de falsedad en documento privado e interés indebido en la celebración de contratos.

Por su parte, la Alcaldía de Barbosa indicó que la Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento intramural o domiciliaria en contra del alcalde, quien se encuentra en libertad y continúa ejerciendo su cargo.

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Además, aclaró que la decisión del Juez implica la separación provisional de los otros dos funcionarios en sus cargos, “por lo tanto, la Administración Municipal encargará temporalmente a dos de sus servidores, para cubrir cada una de estas dependencias”.

La decisión de primera instancia fue apelada por la defensa de los implicados.

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