Judicial

Desalojo en Manizales genera controversia entre entidades públicas

Desde la Alcaldía señala que se actuó según la ley, el Personero indica que verifican el procedimiento.

Invasión en el sector La Escombrera de Manizales /

Se trata de un proceso de desalojo que inició el pasado lunes festivo donde Policía y Secretaría de Gobierno de Manizales, procedieron a retirar del lugar conocido como La Escombrera, entre los barrios El Nevado y Arrayanes a tres familias que estaban utilizando un predio público para establecer sus viviendas.

El procedimiento contó inicialmente con el acompañamiento de una delegada de la Personería Municipal quien señaló algunas irregularidades en el proceso lo que no permitiría continuarlo.

“Logramos advertir que al menos dos de las familias que allí estaban, estaban realizando el desalojo de manera voluntaria, una de ellas, pese a adelantar el desalojo por su propia cuenta, no estaba muy conforme. No obstante, la Personería de Manizales solicitó de inmediato el acompañamiento de la Comisaría de Familia y así mismo le solicitó a la inspección permanente de turno que le garantizara todos los derechos a estas personas que estaban ocupando el predio”. Explicó el personero de Manizales, Fernando Arcila Castellanos.

Indicó además que en el momento en que se realizaba el proceso, advirtió la funcionaria de la entidad que las personas que estaban allí, no llevaban más de 48 horas y que las 48 horas se cumplían ese mismo día en la noche.

Por otra parte, “la inspección de turno manifestó que no se iba a desarrollar la diligencia toda vez que la alcaldía de Manizales no contaba con los diferentes temas logísticos y la maquinaria para derribar las viviendas que se habían instalado en ese sector, razón por la cual se iba a adelantar un procedimiento que se llama verbal abreviado, que debía ser adelantado en este caso por la Inspección Quinta de la Policía”. Dijo el funcionario.

Tras este hecho la delegada de la Personería se retira del lugar. Sin embargo, la entidad tiene conocimiento de que al día siguiente si se desarrolló el proceso de desalojo lo que lleva a Arcila Castellanos a indicar que “adelantará todas las acciones pertinentes para determinar si el procedimiento estuvo conforme a la ley o si todo lo contrario ocurrió”.

Por su parte, la Secretaria de Gobierno de Manizales, Patricia del Pilar Ruiz Vera, afirma que se procedió en conformidad con la normatividad y agregó que se pudo establecer que eran personas que residían en el barrio y que se estaban tomando el lugar en condiciones irregulares lo que podría generar riesgo para sus vidas.

“Estamos evitando las invasiones del espacio público de conformidad con las facultades y atribuciones concedidas en el código de Policía y Convivencia ciudadana”.

Indicó además que con las personas que habían superado las 48 horas en el lugar, no se hizo algún procedimiento, sino que seguirá el proceso a través de la Inspección de Policía.

“Eran varias familias que estaban allá, además con un agravante, y es que incurrían también en un riesgo porque se trata de un espacio público que tienen una especial protección y que además de acuerdo con los reportes que tenemos de Aguas de Manizales y EMAS, pues son sitios que no pueden ocuparse como ningún espacio público en la ciudad” dijo la funcionaria.

Frente a las personas que estaban en el lugar indicó que “se pudo establecer que son personas que residía también en el barrio, hay una situación especial que se presenta, no en todos los casos, pero si ya hemos venido verificando en muchos sectores de la ciudad donde se producen unas invasiones, podemos hablar con referente a la vía al Guamo, encontramos que muchas de las personas que están allá, que también estamos adelantando unos procesos de recuperación de esas zonas de protección ambiental, son personas que incluso han sido beneficiarias de las viviendas gratuitas que ha entregado el gobierno nacional”.

Por esta razón la administración municipal continuará con el proceso investigación frente a los requerimientos de las familias y si han sido o no beneficiarias de procesos auxilios gubernamentales en vivienda para verificar si se les debe evaluar al respecto o no.

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