"Los bienes fueron adquiridos con créditos e hipotecas": Carlos Caicedo
El Gobernador del Magdalena asegura que el proceso de extinción de dominio es un atropello de la Fiscalía General de la Nación.
"Los bienes fueron adquiridos con créditos e hipotecas": Carlos Caicedo / Colprensa
Luego de que la Fiscalía General de la Nación hiciera pública las 11 propiedades del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo que serán objeto de extinción de dominio – una vez pase la crisis por el COVID-19 – por la investigación de presuntas irregularidades en la contratación de 5 centros de salud en Santa Marta. el mandatario expidió un comunicado en el que afirmó que el caso será trasladado a instancias internacionales.
Las razones, según el gobernador, es porque el órgano fiscal está violando su derecho a la presunción al asegurar que los bienes “habrían sido adquiridos con dineros producto de irregularidades”, cuando estos fueron obtenidos con créditos e hipotecas, y “ninguno de ellos en el contexto del tiempo de la investigación que se adelanta por la construcción y remodelación de los puestos de salud”.
El comunicado de la Gobernación del Magdalena mencionó que “se observan evidentes motivaciones opacas de sectores políticos que han cooptado por años los entes de control en el nivel territorial, y que buscarían perjudicar, torpedear y obstruir su mandato. Al respecto, el gobernador Caicedo refrendó su compromiso con los magdalenenses para ejecutar a cabalidad el mandato obtenido en las urnas, siempre abierto al escrutinio ciudadano y a la cooperación con las instituciones y la justicia”.
Sobre el proceso de extinción de dominio a las propiedades ubicadas en Santa Marta y Barranquilla, señalaron que el abogado del gobernador Caicedo y el del ex alcalde Martínez, Iván Cancino González ha cuestionado fuertemente esta actuación procesal, pues data de 2019 y no se entiende por qué el comunicado de prensa se emite un año después.
“Tampoco se entiende la imputación en el comunicado de prensa por cuanto originalmente la investigación es por “peculado a favor de terceros” y no en beneficio propio; no obstante, los bienes que se incautan son propios. Los bienes del gobernador versan sobre tres inmuebles habitables, de los cuales uno es una casa de 70m2 ubicada en un barrio popular y construida en el marco del acuerdo de paz del año 1994, y habitada por su señora madre desde 1999. El segundo es un apto comprado sobre plano en el año 2003 de 80m2 y este posee dos depósitos 2x2 y su respectivo parqueadero, como se acostumbra a comprar este tipo de inmuebles”, reseñó el comunicado de la Administración departamental.
El tercero es un lote comprado durante su vigencia como alcalde con el dinero de la venta de una vivienda familiar adquirida en remate por el banco BBVA en el 2004, y al día de hoy construida con dos hipotecas bancarias vigentes. Los demás bienes relacionados por la Fiscalía son de propiedad de los demás procesados.
ADQUIRIDOS CUANDO ERA RECTOR DE LA UNIMAGDALENA
La Gobernación del Magdalena aseguró que los bienes de Carlos Caicedo fueron adquiridos con créditos e hipotecas en la primera década del siglo, cuando fungía como rector de la Universidad del Magdalena, por lo que no se entiende tampoco cómo podrían haber sido adquiridos con dineros públicos casi una década después, que es cuando se construyeron los puestos de salud y es este el proceso por el que anuncian la extinción de dominio.
“Es falso lo que afirma el comunicado de la Fiscalía sobre los mismos, en el sentido que dichos centros de salud no habrían sido terminados excepto uno. La realidad es exactamente contraria, pues de cinco (5) centros proyectados se terminaron cuatro: i) La Candelaria; ii) Bastidas; iii) La Paz; y iv) Taganga. El centro pendiente de concluir es el de Mamatoco, cuya rectoría es de Supersalud desde 2018 al intervenir desde ese momento la ESE del distrito de Santa Marta”, se leyó en el comunicado.
Así mismo detalló que los contratos cuyas presuntas irregularidades investiga la Fiscalía, no fueron firmados por el gobernador Caicedo en su momento, sino por el gerente de la ESE Distrital.
Iván Cancino, defensa de Caicedo, buscará la insubsistencia, tal como ya ha sucedido en el pasado, de los funcionarios que “de manera malintencionada han causado este nuevo perjuicio a los procesados y presentará la respectiva acción de repetición contra dichos procesados”.
