Contraloría de Boyacá sí se fue a Panamá con recursos públicos: Auditoría

Para la Auditoría General de la República, los funcionarios públicos tienen que dar ejemplo con actos éticos, y por eso ordenó auditoría especial.

La Auditoría General de la República, en cabeza del auditor general Carlos Hernán Rodríguez, ordenó la apertura de una auditoria especial a la contraloría de Boyacá y a los funcionarios adscritos al organismo de control fiscal.

Desde el 6 de marzo se inició esa auditoría en esa Contraloría, revisando el escandaloso hecho de forma minuciosa.

En entrevista con Caracol Radio, el auditor general explicó que “más allá de la legalidad del acto de haber realizado el viaje, a juicio de la Auditoría este tipo de casos no tienen ningún tipo de presentación: me he reunido en varias oportunidades con los señores contralores para decirles que los organismos de control son los primeros que tienen que dar ejemplo”.

Sostuvo el auditor general que estar buscando una ‘mampara’ de legalidad en este caso es inaudito y recalcó que esos recursos del Fondo de Bienestar de la Contraloría de Boyacá, con lo que financiaron parte del viaje a Panamá, sí hacen parte del erario público.

“Se cierra la Contraloría para que los funcionarios se vayan al exterior con recursos públicos, esos sí lo quiero dejar muy claro, porque algunas personas manifestaban al respecto de que no se trataba de recursos públicos, pues no, esos sí son recursos públicos, porque son producto de las multas que han pagado los ex funcionarios o funcionarios sancionados por delitos contra el erario público y demás actos parecidos; que no se trate de recursos de la Contraloría es otra cosa, pero estas actuaciones, no se pueden dejar pasar”, explicó Rodríguez.

Caracol Radio conoció que en esta investigación que adelantan varios organismos de control como la misma Procuraduría General de la Nación, y en la cual incluso podría intervenir hasta la Fiscalía General de la Nación, no descartan vincular en su momento a la Asamblea de Boyacá, la cual expidió la ordenanza número 13 del 26 de mayo del 2007, que fue la que creó el Fondo de Bienestar Social de los servidores públicos de la Contraloría de Boyacá, legalizando que dicho Fondo, que financia, entre otras cosas, eventos de carácter recreativo de los empleados de la contraloría de Boyacá, se sostenga o base su patrimonio en los dineros recaudados de la sanciones a funcionarios públicos del departamento y otros rubros.

Y es que es bajo esa ordenanza que sustenta el contralor de Boyacá actual, Pablo Augusto Gutiérrez Carrillo, la resolución 085 del 26 de febrero del 2018, en la cual oficializó el viaje a Panamá, indicando que actuó “bajo el imperio de la ley”, ya que está autorizado por la norma ordenada por la Asamblea de Boyacá.

Teniendo en cuenta lo anterior, el auditor general señaló que los funcionarios públicos han “caído en la costumbre de que todo lo pretenden amparar en la legalidad, es que no necesariamente todo acto que presuntamente ‘sea legal’, (que es lo que se va a definir en esta investigación, y lo que se va a entrar a revisar en la Contraloría de Boyacá), tiene presentación desde el punto de vista ético; es que estamos bajo una situación en la cual los organismos de control siempre tienen que dar ejemplo frente a este tipo de situaciones y actuaciones”.

Sobre la auditoría especial advirtió que “al respecto de la legalidad y competencia del Fondo de Bienestar, estudiaremos y actuaremos coordinadamente con todos los organismos de control y vigilancia, no solo para auditar a esa Contraloría, sino en todas las Contralorías del País que tengan este tipo de Fondos”.

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