En Santander demandan ante el Consejo de Estado la revocatoria de reserva ambiental de la Amazonía
La acción judicial busca anular la decisión del Ministerio de Ambiente que eliminó la protección de 48,3 millones de hectáreas frente a nuevas concesiones mineras y contratos de hidrocarburos.
Foto: Ministerio de Ambiente
Una demanda de nulidad contra la decisión del Ministerio de Ambiente de revocar la reserva de recursos naturales del bioma amazónico fue radicada este 29 de octubre ante el Consejo de Estado, desde Santander. La acción, presentada por Hernán Alberto Morantes Avendaño, director de Derecho Vivo Comunidad Legal, solicita además “la suspensión provisional urgente de la Resolución 1405 del 23 de octubre de 2026″.
La norma revocada, expedida en agosto de este año, delimitaba 48,3 millones de hectáreas de la Amazonía colombiana y excluía el otorgamiento de nuevas concesiones mineras, contratos de exploración y explotación de hidrocarburos y determinadas autorizaciones ambientales para esas actividades, con excepciones previstas en la misma resolución.
En la demanda, Morantes sostiene que el Ministerio justificó la revocatoria en la falta de consulta previa con comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, pero señala que la resolución original ya contemplaba una salvaguarda para que la reserva no produjera efectos sobre sus territorios colectivos y en trámite mientras culminaba ese proceso.
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El documento también advierte que la decisión podría reducir la protección ambiental de la región. Según las cifras citadas del expediente del propio Ministerio, en 20,7 millones de hectáreas la minería está restringida, pero esas áreas pueden ser sustraídas; otros 7,1 millones no cuentan con un instrumento que determine si esta actividad está prohibida, y el 26% del bioma carece de figuras de protección ambiental.
Otro de los cuestionamientos es que la revocatoria se adoptó sin establecer un plazo para implementar una nueva medida de protección ni publicar previamente el proyecto para comentarios ciudadanos. La demanda también señala que “no se consultó a los pueblos indígenas que habían participado en el proceso y protocolizados acuerdos sobre la reserva”.
¿Qué busca la demanda?
Que el Consejo de Estado anule la Resolución 1405 y suspenda sus efectos mientras estudia el caso. El demandante argumenta que, sin esa medida cautelar, podrían avanzar solicitudes de títulos mineros y contratos de hidrocarburos cuya reversión posterior sería difícil.
La presentación de la demanda no implica que la resolución haya sido suspendida o anulada. Esa decisión corresponde al Consejo de Estado.
Foto: Derecho Vivo Comunidad Legal
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