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Defensoría del Pueblo solicitó la adopción inmediata de medidas de protección en el Tolima

Durante un Consejo de Seguridad, la Defensoría reiteró que la violencia y el riesgo humanitario persisten en el departamento. Solicitó entonces al gobierno nacional adoptar medidas de protección de manera urgente para proteger a su población civil.

Desde el municipio de Ataco, Tolima se reportó el homicidio de un adulto y de una adolescente de 16 años. Adicionalmente, las denuncias de familiares habitantes de la zona alertan sobre el presunto secuestro de cinco personas más. Su paradero y condiciones de seguridad se desconocen.

Las autoridades todavía deben esclarecer los hechos, además de verificar las denuncias y velar por garantizar los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población civil, reiteró la Defensoría. En particular, el homicidio de la adolescente exige una respuesta que “tenga en cuenta la prevalencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes y su especial protección constitucional.”

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En contexto, la Alerta Temprana 016 de 2022, que ya advertía sobre la disputa territorial entre las disidencias del llamado “EMC” y la “Segunda Marquetalia”, sigue activa en Ataco. Adicionalmente, desde septiembre del año presente, la Defensoría venía advertido sobre los riesgos humanitarios, ambientales y de seguridad que se viven en el departamento del Tolima, asociados a la expansión de la extracción ilícita de minerales, al fortalecimiento de economías ilegales y a la presencia de estructuras armadas.

Todo lo anterior, se ha traducido en un incremento importante de los riesgos para los derechos de las comunidades campesinas, indígenas y víctimas del conflicto armado.

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Así las cosas, las autoridades territoriales convocaron un Consejo de Seguridad durante los días 25 y 26 de octubre. La Defensoría del Pueblo participó en este a través de su equipo territorial y concluyó que la situación evidencia “la necesidad de una respuesta integral y coordinada del Estado”, al tiempo que solicitó “la adopción inmediata de mecanismos de protección para la población civil y acciones orientadas a prevenir nuevas vulneraciones de los derechos humanos. ”

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La entidad recordó que ninguna persona puede ser sometida a privaciones arbitrarias de la libertad, amenazas u otras formas de violencia que pongan en riesgo su vida. En este momento es prioridad poder esclarecer los homicidios, adelantar las investigaciones necesarias para verificar las denuncias relacionadas al secuestro de las cinco personas y fortalecer las medidas de prevención y protección para la población civil en riesgo.

Así lo reiteró la Defensoría que hoy hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades nacionales, departamentales y municipales, que tienen el deber de cumplir con lo anterior.

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