Defensoría alerta por posible escalada de violencia, masacres y desplazamientos en Nariño

La Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo de homicidios selectivos, masacres, confinamientos y desplazamientos masivos en Ricaurte y Mallama, Nariño, por las amenazas contra la población civil en medio de la guerra el control territorial de grupos armados ilegales.

Según el documento, “el fin de los diálogos de paz, decretado por el Gobierno nacional con la CNEB y con Comuneros del Sur, pueden desencadenar un inmediato retorno a las hostilidades abiertas”, con consecuencias humanitarias para las comunidades indígenas, campesinas y demás habitantes de la zona.

La alerta comprende toda la extensión territorial de Ricaurte y Mallama, en la subregión del Piedemonte Costero, en el suroccidente de Nariño. En Ricaurte incluye la cabecera municipal, con los barrios Santander, La Pola, Cartagena y Avenida Estudiantes, además de 13 resguardos indígenas Awá. En Mallama abarca la cabecera municipal de Piedrancha, siete corregimientos, 28 veredas y el resguardo Gran Mallama, perteneciente al pueblo indígena Los Pastos.

Acuerdo entre grupos armados y control de economías ilícitas

Uno de los principales factores de riesgo es la coexistencia armada entre el Frente Comuneros del Sur y el Frente Iván Ríos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), vigente desde 2024. De acuerdo con la alerta, “un acuerdo expreso de coexistencia armada vigente desde 2024 entre el Frente Comuneros del Sur y el Frente Iván Ríos de la CNEB permite la distribución de corredores y el control coordinado de rentas ilícitas sin disputas directas”.

Sin embargo, la Defensoría advierte que este equilibrio podría romperse por variaciones en las rentas provenientes de la minería ilegal y el narcotráfico, así como por tensiones relacionadas con los procesos de paz.

Sobre Comuneros del Sur, la alerta señala que “ejerce una fuerte gobernanza armada y regulación social coercitiva” y mantiene intereses financieros en el control de la minería de oro y el cobro de extorsiones en Mallama y la franja fronteriza de Ricaurte. También identifica una relación pragmática de coexistencia con la CNEB y las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN).

En cuanto al Frente Iván Ríos de la CNEB, surgido de la fragmentación de la Segunda Marquetalia en noviembre de 2024, el documento indica que “controla laboratorios clandestinos de cocaína, rutas del narcotráfico y corredores fronterizos fluviales y terrestres hacia Ecuador”.

Además, advierte que esta estructura impone un orden paralelo mediante retenes, restricciones a la movilidad, citaciones obligatorias y reclutamiento infantil. Entre las prácticas identificadas están la imposición de toques de queda y otras medidas de control sobre la población civil.

Autodefensas y disidencias mantienen amenazas en la región

La Defensoría también advierte sobre la articulación de grupos armados organizados con redes criminales locales para delegar actividades de sicariato, logística y extorsión.

Entre las estructuras identificadas están las Autodefensas Unidas de Nariño (AUN), que, según la alerta, mantienen alianzas con organizaciones criminales ecuatorianas como Los Lobos y Los Choneros.

El documento indica que “las AUN actúan en zonas de frontera y cordillera como presunta fachada de Comuneros del Sur para eludir el cese al fuego”.

También identifica al Frente 37 de La Nueva Urías Rondón, surgido en 2025 y señalado de mimetizarse y utilizar logotipos del Estado Mayor Central (EMC). Sobre esta estructura, la alerta advierte que “difunde panfletos amenazantes, toques de queda y declara objetivos militares a comerciantes y transportadores en Ricaurte y Mallama”.

Aunque el ELN y el EMC no tendrían actualmente una presencia física continua en la subregión, conservarían células de información y redes locales de apoyo que podrían facilitar su regreso.

La Defensoría advierte que “existe riesgo latente de incursión por parte de frentes del autodenominado y disidente Estado Mayor Central (EMC) y del ELN que conservan células informativas o redes locales en la zona”.

Pueblos indígenas Awá y Los Pastos, entre los más vulnerables

La alerta identifica al pueblo indígena Awá como una de las poblaciones con mayores riesgos. En Ricaurte, esta comunidad está integrada por aproximadamente 16.208 personas, equivalentes al 77,75 % de los habitantes del municipio, y está representada por la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas Awá (Camawari) y la Unidad de Resguardos Indígenas del Pueblo Awá (Uripawa).

El documento recuerda que el pueblo Awá fue declarado en riesgo de exterminio mediante el Auto 004 de 2009 y advierte que sus comunidades enfrentan coerción territorial, reclutamiento forzado, contaminación por minas antipersonal y barreras lingüísticas para las personas que hablan awapit.

En Mallama, el pueblo indígena Los Pastos está conformado por aproximadamente 8.810 personas, que representan el 93,33 % de la población municipal y están vinculadas al resguardo Gran Mallama. La alerta advierte sobre homicidios contra autoridades tradicionales y extorsiones constantes contra sus gobiernos autónomos.

La situación también afecta a niñas, niños y adolescentes, expuestos al reclutamiento forzado y a la desescolarización. La Defensoría relaciona estos riesgos con las deficiencias en infraestructura escolar, la falta de transporte y la ausencia de una oferta educativa bilingüe.

Sobre las autoridades étnicas y los liderazgos sociales, el documento señala que están sometidos a amenazas, multas extorsivas e intimidaciones durante asambleas y elecciones de autoridades tradicionales. Estas presiones buscan convertirlos en “canales forzados de transmisión de instrucciones de los grupos armados, debilitando el gobierno propio”.

La alerta también identifica riesgos para 15 firmantes de paz y sus familias, vinculados a la Asociación Indígena Awá de Familias Firmantes de Paz (Asindipaz) y al partido Comunes, quienes están expuestos a estigmatización y retaliaciones en zonas rurales dispersas.

Asimismo, la misión médica, los comerciantes, los transportadores y los servidores públicos enfrentan amenazas, interceptaciones a ambulancias, cobros ilegales en la Vía al Mar y señalamientos como objetivos militares.

Minería ilegal, oleoducto y riesgo de desplazamientos masivos

La Defensoría advierte sobre varios escenarios que podrían agravar la crisis humanitaria en Ricaurte y Mallama.

El primero es la ruptura de la coexistencia armada tras la terminación de los procesos de diálogo. La alerta señala que esto podría desencadenar un retorno a las hostilidades, con un aumento de homicidios selectivos, masacres, confinamientos y desplazamientos masivos que superarían la capacidad de respuesta de las administraciones municipales.

El segundo escenario es la expansión de la minería ilegal de oro en el río San Juan, desde Ecuador hacia los resguardos Awá. Según el documento, “los grupos armados cooptarán tierras colectivas mediante arriendo/venta forzados, manipulando elecciones étnicas de autoridades tradicionales y profundizando la desescolarización juvenil”.

El tercer riesgo está relacionado con la reactivación del transporte de crudo por el Oleoducto Transandino (OTA). La alerta advierte que esta actividad podría incentivar la instalación de válvulas clandestinas para alimentar refinerías ilegales de base de coca, lo que provocaría atentados contra la infraestructura petrolera, contaminación de fuentes hídricas, confinamientos y disputas violentas.

El cuarto escenario es el retorno del ELN y el EMC, cuyas células e informantes locales podrían aprovechar las debilidades operativas de los grupos dominantes para lanzar ofensivas y recuperar el control del corredor estratégico de la Vía al Mar.

Finalmente, la Defensoría advierte sobre la posible desestructuración de las estructuras tradicionales de gobierno indígena. Según el documento, “las coacciones contra la Camawari y el cabildo de Los Pastos desarticularán la justicia propia indígena, cooptando sus estructuras de gobierno tradicional por intereses económicos criminales de los grupos armados organizados”.S