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¿En riesgo la conectividad del país? 788 municipios bajo alerta

La Contraloría advierte posibles interrupciones en una red nacional de fibra óptica por la situación financiera de TV Azteca.

Colombia

La continuidad de la conectividad en 788 municipios de Colombia está bajo alerta. La Contraloría General de la República advirtió sobre posibles interrupciones en una red nacional de fibra óptica, debido a los antecedentes de fallas operativas y a la situación financiera de TV Azteca, empresa vinculada a la operación de esta infraestructura.

La advertencia se relaciona con el Proyecto Nacional de Fibra Óptica, una iniciativa que busca ampliar el acceso a internet en el país. El contrato destinó más de $434.000 millones para desarrollar la red que conecta a los municipios beneficiados.

¿Por qué está en riesgo la conectividad?

Según la Contraloría, la situación financiera de TV Azteca y su proceso de reorganización empresarial han estado relacionados con fallas operativas reportadas en distintas regiones. Para el organismo de control, estos antecedentes representan un riesgo para la continuidad del servicio y podrían ocasionar nuevas suspensiones.

Además, actualmente se tramita ante la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud de autorización para la venta e integración de esta red con el operador TV Azteca. La Contraloría mantiene la vigilancia sobre las condiciones en las que se desarrolla este proceso y sus posibles efectos en la prestación del servicio.

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¿A quiénes podría afectar?

Una eventual interrupción de la conectividad podría perjudicar a alcaldías, hospitales, instituciones educativas, organismos de seguridad y otras entidades públicas que dependen de esta infraestructura para desarrollar sus actividades.

También podría afectar a las comunidades que necesitan internet para acceder a servicios esenciales y realizar trámites digitales, especialmente en las regiones más apartadas del país.

La Contraloría anunció que continuará con la vigilancia fiscal para verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la protección de los recursos públicos y la estabilidad de la infraestructura.

Por ahora, la advertencia se refiere a posibles interrupciones. La preocupación central es que una red financiada con recursos públicos mantenga su operación y garantice la continuidad de la conectividad para las comunidades que dependen de ella.

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