Fundación alerta por presunta instrumentalización de mujeres trans contra Gustavo Petro

Abby Hernández, directora de la Fundación Las Libertarias y defensora de los derechos trans, denuncia que recibe amenazas de muerte y mensajes transfóbicos en redes sociales después de alertar sobre presuntos ofrecimientos de dinero a mujeres trans en el barrio Santa Fe, en Bogotá. La activista asegura que, aunque teme por su seguridad, desconfía de acudir a la Fiscalía porque considera que las instituciones no brindan garantías suficientes a esta población.

“¿Para qué ir a la Fiscalía si a las personas trans nunca nos protegen?”, cuestionó al explicar por qué desconfía de acudir a las autoridades. Su preocupación, según señaló, es que las denuncias de violencia contra la población trans no siempre se traduzcan en respuestas efectivas de protección.

Según el relato de Hernández, el martes 20 de octubre, alrededor de las 9:00 de la noche, varias mujeres trans se comunicaron con ella para contarle que una camioneta gris blindada se había detenido cerca de la calle 22 con avenida Caracas. Allí, un hombre les habría ofrecido $300.000 a cambio de declarar que habían tenido encuentros sexuales con el presidente Gustavo Petro y relacionarlo con presuntos hechos que involucrarían a menores de edad.

De acuerdo con la activista, las mujeres rechazaron el ofrecimiento porque no estaban dispuestas a afirmar situaciones que no les constaban. Hernández decidió hacer pública la situación por temor a que las trabajadoras sexuales fueran instrumentalizadas en medio de la controversia política. Sin embargo, aclaró que no tiene pruebas para identificar a las personas que estarían detrás de los supuestos ofrecimientos ni para atribuirlos a un sector político.

Las declaraciones de Angie Rodriguez en medio la controversia política

La polémica justo ocurre en el marco de las declaraciones de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), en una entrevista con el periodista Daniel Samper Ospina. Rodríguez aseguró que, durante un procedimiento para cambiar el celular de Gustavo Petro, vio en un computador fotografías y videos del entonces mandatario con mujeres que le parecieron “demasiado jóvenes”. También planteó la posibilidad de que hubiera menores de edad y señaló a Laura Sarabia de tener acceso al supuesto material. Sin embargo, no presentó públicamente los archivos ni pudo confirmar la edad de las personas que aparecían en ellos.

Las declaraciones generaron nuevas reacciones políticas y judiciales. Petro rechazó los señalamientos y anunció acciones legales, mientras que Andrés Hernández, quien fue su jefe de prensa, aseguró que no existen las fotografías ni los videos descritos por la exfuncionaria en los dispositivos que revisó.

Amenazas y ataques por su identidad de género

Después de divulgar la denuncia, Hernández asegura que comenzó a recibir insultos, mensajes intimidatorios y amenazas de muerte en redes sociales. Según explicó, algunos comentarios contienen expresiones transfóbicas y referencias a lugares del barrio Santa Fe, lo que aumenta su temor por su seguridad.

La activista también rechazó que algunos usuarios se refieran a ella en masculino y desconozcan su identidad de género. Insistió en que es una mujer trans y que legalmente está reconocida como mujer.

Hernández sostiene que su pronunciamiento no busca defender ciegamente a Petro, a quien afirma no conocer personalmente, sino evitar que las necesidades económicas de las trabajadoras sexuales se utilicen para inducir testimonios. También pidió que las diferencias políticas se discutan con pruebas y argumentos, sin recurrir a amenazas ni a la discriminación.

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La activista respondió a los cuestionamientos por su pasado judicial

A través de redes sociales se difundieron imagenes de sus antecedentes judiciales, Abby Hernández aclaró que enfrentó un proceso cuando tenía 18 años y que aceptó un preacuerdo con la Fiscalía. Aseguró que no busca ocultar esa etapa de su vida y defendió su trabajo social: “No pretendo que mi trabajo borre mi pasado. Tampoco acepto que mi pasado borre todo lo que he construido desde entonces”, expresó en un comunicado.

La defensora afirma que su experiencia influyó en su decisión de trabajar por la resocialización y las segundas oportunidades. Desde la Fundación Las Libertarias, asegura que promueve iniciativas relacionadas con la educación, la justicia restaurativa y el acompañamiento a personas privadas de la libertad y pospenadas.

También rechazó que su historia judicial se utilice para estigmatizarla o para desacreditar su trabajo social sin examinar el contexto completo.

Garantías para las mujeres trans

La activista insiste en que las amenazas que denuncia deben tomarse en serio y que las mujeres trans deben contar con garantías reales para acudir a las autoridades sin temor a ser discriminadas o quedar desprotegidas.

Por ahora, no se ha establecido públicamente quiénes habrían realizado los presuntos ofrecimientos de dinero ni quiénes estarían detrás de los mensajes intimidatorios. Ambos hechos requieren verificación y, de ser puestos en conocimiento de las autoridades, deberán esclarecerse con pruebas.

Hernández pide que su identidad de género y su pasado judicial no se conviertan en motivos para invalidar sus denuncias. Su reclamo, asegura, es que se escuche a las mujeres trans, se respete su dignidad y existan condiciones efectivas para protegerlas frente a las amenazas y la violencia.